Todo es política

Una nueva decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, complica la decisión en elección para el Ayuntamiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en primera instancia se otorgó el triunfo al candidato de Morena, Javier González Mocken, y después al independiente, y actual alcalde Armando Cabada.

Y es que se decidió suspender la jurisprudencia relacionada con los requisitos que debía reunir la impugnación, promovida por el candidato independiente Armando Cabada que solicitaba la nulidad de votación en algunas casilla por indebida integración de mesas directivas.

Por lo tanto con la suma esos votos que se anularon, y ante la mínima diferencia de votos, la moneda sigue en el aire y será entonces que el Tribunal regional con sede en la ciudad de Guadalajara, deberá tomar la decisión final.

Con 5 votos a favor y 2 en contra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE hacer un nuevo cálculo de los gastos de campaña del candidato al Senado por Nuevo León, Samuel Garcia, a fin de sumar las marcas comerciales que aparecen en las playeras. Por lo que de exceder el tope de gastos, perdería el cargo por el que fue electo.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el visto bueno para reformar los estatutos de Morena, lo que permitiría que la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky y los dirigentes locales en funciones puedan durar un año más en su cargo, siendo que el periodo de la ex senadora termina el 20 de noviembre.

Con reformas a la Constitución Política, al Código Penal y a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso local, adecuó las herramientas legales que serán útiles para prevenir y erradicar la violencia política de género en nuestra sociedad.

El vocal de la Comisión legislativa Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, Miguel La Torre, señaló en la lectura del Decreto por medio del cual se realizan las adecuaciones a los ordenamientos antes señalados, resaltó que a nivel nacional se ha emprendido una lucha para erradicar este tipo de violencia hacia la mujer, por lo que en lo particular, el Congreso de Chihuahua, realiza lo propio.

La violencia política de género en el marco normativo nacional, se define como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, manifestándose a través de la presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género, por lo que Chihuahua redefine dicho acto, y la adecua conforme al marco nacional, señaló el legislador.

En lo que respecta a la reforma a la Constitución Política de Chihuahua, fue reformado su artículo 4o, en el que se establece que todas las mujeres en el Estado tienen derecho a una protección y atención efectiva contra todo tipo de violencia y el incumplimiento de este derecho será sancionado por la Ley.

Dentro el Código Penal del Estado, se adicionó una fracción V al artículo 30, agregando al Catálogo de medidas de seguridad, el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política.

Además dentro del Título Décimo de Delitos Contra la Dignidad de las Personas, el Capítulo de la Violencia Política, se estableció que se impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política a quien por sí, o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos.

Por último se destaca que la pena aumentará si el delito se comete en contra de mujeres embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, si dicha acción es perpetrada por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima

 Su labor “evitó la impunidad de quien delinque”, afirmó Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública de CDMX

Este sábado fue reconocida la policía Ana Laura Martínez Villavicencio, quien la tarde de ayer rescató en Venustiano Carranza a una persona que estaba privada de la libertad.

El reconocimiento institucional estuvo encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), Raymundo Collins Flores, quien reunió a todos los mandos de la dependencia y reiteró que ser policía de la Ciudad de México, implica poner la vida en riesgo para generar bienestar a la ciudadanía.

Asimismo, le dijo que la labor del policía a veces es difícil, pero que su acción le salvó la vida a la víctima y a su compañero de vialidad. Su labor, agregó, “evitó la impunidad de quien delinque”.

En el encuentro, la uniformada con rango “policía segundo”, fue además ascendida por instrucción del titular de la SSP-CDMX, quien lo ordenó en reconocimiento a su valor.

También, felicitaron la labor de Martínez Villavicencio los subsecretarios de Operación Policial Zona Norte, Edgar Bautista Ángeles, Zona Sur, Álvaro Sánchez Valdez, de Información e Inteligencia Policial, José Gil García, de Tránsito, Luis Rosales Gamboa y el Jefe del Estado Mayor, Ricardo McGregor Maestre.

Los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, solicitaron a las Secretarías de Desarrollo Social y de Innovación y Desarrollo Económico, ambas del Estado de Chihuahua; así como a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, tengan a bien generar políticas públicas, acuerdos y condiciones con las instituciones de seguridad social, empresas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar la prestación de los servicios de guardería en favor de los hijos de la población trabajadora.

Además, se adiciona una fracción X al artículo 105 del Código Administrativo para el Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:

“Proporcionar servicio de guardería diurno, nocturno o mixto a hijas e hijos de las personas trabajadoras al servicio del Estado, durante las horas de su jornada laboral, que podrá realizarlo por sí o a través de terceros, siempre que se cumpla con las disposiciones que regulan dicha materia”.

La diputada Nadia Siqueiros, expuso en el Recinto Oficial del Poder Legislativo que mediante esta reforma, se avanzará en la consolidación del sistema jurídico del Estado de Chihuahua, en materia de la regulación de la prestación de los servicios de guardería, ya que se dará congruencia al contenido del Código Administrativo, en función de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, a la Ley de Centros de Cuidado Infantil del Estado de Chihuahua, que se expidió el 15 de marzo de este año.

Informó que los artículos 201 a 207 de la Ley del Seguro Social, regulan el ramo de guarderías que cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, en los turnos matutino y vespertino, sin que se contemple el nocturno.

Comentó que por ello resultó indispensable remitir ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto, para reformar los artículos 201 a 205 de la ley, para hacerla compatible con las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales.

También, se estimó necesario solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social y de Innovación y Desarrollo Económico, ambas del Estado, así como a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Desde hace poco más de cuatro años, las víctimas del Río Sonora continúan esperando un hospital que pueda tratar sus padecimientos, derivados de uno de los desastres ecológicos más grandes de México. Se trata del derrame de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre (filial de Grupo México) vertió alrededor de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. La ‘incidencia’, provocada según Grupo México por la falta de una válvula en una de las piletas (y que, en realidad ocurrió por el mal diseño de las instalaciones), ha afectado directa e indirectamente a aproximadamente 24,000 personas de las poblaciones vecinas, según declara la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

 

¿Quién es Buenavista del Cobre?

Llamada anteriormente Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre es una subsidiaria de Grupo México desde 1990. Sus operaciones se desarrollan Buenavista, una mina a cielo abierto ubicada en el estado de Sonora, y que se considera uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Además, cuenta con dos plantas de procesamiento dentro de sus instalaciones. Se reporta que la empresa genera alrededor de 9,000 empleos directos y que produce y exporta 200,000 toneladas de cobre refinado.

La derrama económica generada por Buenavista del Cobre asciende a los 1,004 millones de pesos al año; se trata de la mina en operaciones más antigua en América del Norte, pues se encuentra operando desde 1899. Las minas de Cananea contienen los mayores yacimientos de cobre en exportación en el mundo. En 2012, Buenavista del Cobre inició un programa de inversión en el estado de Sonora por 4,141 millones de dólares, que buscaba aumentar la producción al 2016 a 510,000 toneladas anuales de cobre.

 

Las minas de Cananea

No es la primera vez que un suceso de estas proporciones tiene lugar en Cananea. El 30 de julio de 2007, una disputa entre Grupo México y Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de la mina, llevó a su planta de mineros a entrar en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Las malas lenguas y los opositores a la huelga afirman que el pleito de Napito (como se referían a él los compañeros) se originó por un desfalco que realizó por 55 millones de dólares, que pertenecían a un fideicomiso minero que tuvo que haber repartido, y del cual, según afirma, sí repartió…solo 20 millones. Aunque la huelga terminó, y la sentencia de la anulación de la relación laboral tuvo lugar en 2010, los ex mineros aun viven con el estigma de la huelga, a sabiendas de que al referir su último empleo muchos de los lugares donde piden trabajo no los contratarán.

 

El recuento de los daños

Las consecuencias del derrame han sido de proporciones gigantescas. Un estudio realizado entre el 2015 y el 2016 por la UNAM reveló que existe un grave riesgo de daño a la salud por exposición al plomo en la zona de San Felipe de Jesús, una de las comunidades aledañas al desastre ecológico. Se cree también que más del 80% de la población infantil del mismo poblado podría tener altas concentraciones de plomo en la sangre que representan un riesgo para su salud. No existe un reporte público exacto sobre las afectaciones en la población adulta, pues los datos hasta el momento están resguardados para uso privado de Grupo México. Al 2017, por lo menos 360 personas habían sido identificadas con problemas a la salud. El documento realizado por la UNAM también señala que existen residuos de materiales pesados como el arsénico, plomo y cadmio en frutas, hortalizas y lácteos, todos relacionados al derrame de 2014.

Los metales, además, se infiltraron en la fauna del ecosistema, dañando a coyotes, zorros, zorrillos, mapaches, cinco tipos de roedores y dos especies de aves; y deterioró la vegetación con una tasa de mortalidad en los árboles ribereños de un 50.3%.

 

Grupo México: la promesa que nunca se cumplió

Desde que ocurrió el desastre, Grupo México se comprometió a contribuir con un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparación de los daños y compensación a las familias afectadas. Además, fue multado con 23 millones de pesos tras haber sido señalado de 55 irregularidades en la planta de Buenavista del Cobre. Grupo México garantizó la construcción de 28 plantas de tratamiento de aguas y una Unidad Epidemiológica de Vigilancia Ambiental de Sonora, clínica que serviría para atender a los afectados que prestaría servicios a las víctimas hasta por 25 años de latencia.

Sin embargo, a más de cuatro años del desastre ecológico, es evidente la falta de compromiso de Grupo México con los afectados. Las 24,000 víctimas del ‘accidente’ aún no cuentan con acceso a una fuente de agua confiable: solo ha sido construida una de las 28 plantas de tratamiento prometidas, y el hospital sigue sin ver la luz. Bascut Tuncak, relator de las Naciones Unidas, ha declarado que “(…) una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer (…) es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad”.

Grupo México es la empresa minera más poderosa del país. Sus operaciones se extienden a Estados Unidos y Perú. Germán Larrea, el dueño de esta empresa, es el segundo hombre más rico del país, y está en el puesto 72 de la lista de Forbes, con una fortuna valuada en poco más de 17,300 millones de dólares.

En 2017, se declaró la extinción del Fideicomiso Río Sonora. El cierre y carpetazo por parte de Grupo México tan solo dejó ver su insensibilidad contra el suceso ecológico más trágico en la historia de México. Con el olvido de las promesas por parte de Grupo México, los pobladores de los municipios afectados perdieron todo ápice de esperanza en que su caso se resolviera. El ecocidio ha tomado proporciones catastróficas: los pobladores reportan llagas en la piel y riesgo de contraer cáncer en los próximos años.

Por otro lado, el gasto del Fideicomiso fue apenas de poco más de la mitad de lo anunciado por Grupo México desde un inicio. De los dos mil millones prometidos, tan solo llegaron a la luz 1,231 millones 367 mil 946.29 pesos. ¿Lo raro? Uno de los rubros en los que se desglosa el fideicomiso es en un gasto por comunicación social por 32 millones 415 mil 798 pesos. Mientras tanto, los 750 millones de pesos restantes de lo prometido no fueron entregados al fideicomiso, toda vez que la empresa consideró que el daño había sido reparado.

A cuatro años del ecocidio, las familias continúan en la incertidumbre, sabiendo que llevarán a cuestas una llaga por mucho tiempo. Con una suerte de clínica instalada en una casa y el río aun teñido de anaranjado por los residuos tóxicos, las víctimas exigen una y otra vez que su caso sea tomado en cuenta por las autoridades y que se devuelva un poco de dignidad a su vida.

 

 

Los diputados que conforman la Sexagésima Quinta Legislatura en el Congreso del Estado, aprobaron durante el Decimosexto Periodo Extraordinario de Sesiones, reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en materia de perspectiva de género.

La diputada Nadia Siqueiros, expuso que esto es un avance significativo para reconocer los derechos humanos de las mujeres, y establecer mecanismos para promover y garantizar igualdad sustantiva y no discriminación; así como un medio para cumplir los compromisos internacionales del Estado Mexicano.

Explicó que el desarrollo municipal con igualdad sustantiva, es el eje principal de las políticas públicas que deben implementar los municipios en su circunscripción territorial, para el beneficio de su sociedad.

Mencionó que los ayuntamientos, son el sector gubernamental más cercano a las problemáticas y necesidades sociales, por lo que su grado de responsabilidad es gestionar requerimientos y ejecutar las acciones tendientes a solventarlas para lograr su desarrollo, por eso la importancia de esta reforma, para que hagan posible el adelanto de las mujeres y la eliminación de la brecha de género que existe en las comunidades chihuahuenses.

Recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para todas las autoridades: “la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el Estado debe ordenar que se realicen transfusiones sanguíneas a una niña de seis años que padece leucemia, a pesar de que sus padres se opongan al tratamiento por creencias religiosas.

Los ministros emitieron una votación dividida de cuatro votos contra uno respecto a la resolución.

Los médicos indicaron que la paciente requiere transfusiones de sangre a lo que se opusieron sus padres, alegando su derecho a la libertad religiosa, pues ellos profesan la fe de los Testigos de Jeohová, que se opone a los tratamientos médicos de ese tipo.

Avisada de esta delicada situación, y después de escuchar a padres y médicos, la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial “Morelos” en el estado de Chihuahua asumió la tutela de la niña para autorizar el tratamiento.

Frente a dicha medida, la madre de la menor, se presentó ante la justicia para reclamar que había sido desplazada por la referida subprocuraduría de manera injustificada, pues le asiste el derecho de decidir libremente sobre los tratamientos de salud de su hija.

Al resolver el tema, la Primera Sala de la SCJN consideró que si bien los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos en temas salud y de educación religiosa, este derecho tiene como límite el poner en riesgo sus vidas.

La sala explicó que se pone en riesgo la vida de un niño cuando los padres, privilegiando creencias religiosas, se rehúsan a seguir un tratamiento que ya ha sido acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal.

Es decir, el tipo de tratamientos que la comunidad científica avala su eficacia y confiabilidad, como es el caso del tratamiento que se recomendó para esta menor, que incluye transfusiones sanguíneas.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó a los futuros titulares se la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

-Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
-Miguel García, Subsecretario de Agricultura
-Víctor Suárez, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria
-Raúl Angulo, Comisionado de Pesca
-Ignacio Ovalle, Seguridad Alimentaria Mexicana
-David Monreal, Coordinador de Ganadería
-Salvador Fernández, coordinador general de Desarrollo Rural