Las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción

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En vísperas de que este jueves 7 de diciembre, en Chihuahua se elija a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Aquí detallamos las 7 leyes que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción, para entender mejor sus alcances y limitaciones:

  1. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción define de qué manera se coordinarán y colaborarán las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su funcionamiento como un sistema. Establece un Comité Coordinador que determina la elaboración y evaluación de las políticas anticorrupción así como los mecanismos de participación ciudadana. Sus lineamientos, entre otras cosas, estipulan:
  • Representante del Comité Ciudadano presidirá el Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Creación de un Secretariado Técnico que proponga y evalúe las políticas anticorrupción.
  • Mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información entre todas las instituciones del SNA.
  • Recomendaciones públicas no vinculantes por parte del Comité Coordinador.
  • Recursos técnicos, presupuestarios y de gestión que permitan un funcionamiento autónomo.
  1. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) respaldada por más 634 mil mexicanos, es la propuesta de la Sociedad Civil que establece las obligaciones que todos los servidores públicos deberán de cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos para la detección, investigación y sanción. Debe ser clara para evitar interpretaciones y facilitar el trabajo de los jueces. Al ser una Ley General, todos los estados deberán de basar sus leyes en ella. Sus lineamientos, entre otras cosas, estipulan:
  • Directrices del servicio público y obligaciones claras.
  • Tipos de corrupción claros y nominados.
  • Candidatos, líderes sindicales y equipos de transición como sujetos obligados de la ley.
  • Plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados.
  • Protección para denunciantes y testigos, incorporación de la figura internacional de “whistleblower”.
  • Capítulo de integridad de personas morales (Compliance).
  • Sanciones severas para servidores públicos y una lista negra de corruptos.
  • Sanciones para personas físicas y morales que participen en actos de corrupción.
  • Capacidades de investigación: acceso a información, personal, herramientas tecnológicas y recursos.
  • Obligatoriedad y versiones públicas de dos de las tres declaraciones: la declaración de intereses y comprobante de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin embargo, destaca que:

  • No se incluyó nepotismo como un tipo de corrupción.
  • No existen incentivos a la cooperación: recompensas a denunciantes cuando su denuncia ayude a restituir el daño causado.
  • No se define obligatoriedad de consultar lista de funcionarios sancionados para otorgar candidaturas ni de presentar sus declaraciones.
  1. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Determina la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal encargado de juzgar los posibles actos de corrupción que investiguen las autoridades. Garantiza que un cuerpo autónomo sea quien juzgue las faltas administrativas graves. Sus lineamientos destacados son:
  • Tercera sección de la Sala Superior, autónoma y especializada en responsabilidades graves, así como salas regionales.
  • Facultad de atracción de casos relevantes.
  • Facultad de regresar un expediente con errores y pedir su debida integración.
  • Autonomía presupuestal.
  • Lineamientos para que magistrados eviten conflictos de interés.

El tema pendiente en esta ley es el proceso equilibrado para el nombramiento y selección de magistrados. 

  1. Las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dan marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la mantiene como el órgano de gobierno encargado del control interno de la Administración Pública Federal. Además será uno de los órganos encargados de la investigación de responsabilidades administrativas graves. Tendrá como competencia resolver las faltas administrativas no graves (las faltas graves serán juzgadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa). De esta manera, se garantiza que quienes decidan sobre los actos de corrupción no sean subordinados de los acusados. En las reformas:
  • Se mantiene la Secretaría de la Función Pública.
  • Se fortalecen sus facultades de auditoría e investigación.
  • SFP sólo decidirá sobre faltas administrativas no graves.
  • Obliga a la SFP a verificar la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos. 
  1. Las Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dotan la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de mayores facultades y herramientas de investigación que permitan una fiscalización en tiempo real de los recursos federales. Por primera vez permite que se fiscalicen participaciones estatales. Estas reformas garantizan:
  • La ASF podrá imponer multas cuando no se atiendan sus requerimientos.
  • Se podrán fincar responsabilidades administrativas a partir de las observaciones que la ASF haga de la Cuenta Pública.
  • Las participaciones federales podrán ser fiscalizadas por la ASF.
  • Auditorías en tiempo real y no sólo cuando sea presentada la Cuenta Pública del año. 
  1. En las Reformas al Código Penal, la Ley 3de3 propone la tipificación clara de los actos de corrupción y establece procesos de investigación y sanción específicos. Esto debe reflejarse de la misma manera en adecuaciones al Código Penal para poder castigar con cárcel los actos de corrupción graves. 
  1. La Ley de la Fiscalía General de la República sirve para perseguir penalmente los actos de corrupción es necesario crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que tenga autonomía técnica y presupuestal, y que cuente con todas las facultades y herramientas de investigación necesarias. Sólo así se garantizará una investigación autónoma de los delitos de corrupción.

 

Fuente: IMCO.

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