El vacío de una generación: la graduación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hace ya casi cuatro años, esta consigna se convirtió en el grito de guerra que cimbró a la sociedad mexicana. La noche del 26 de septiembre de 2014, cuarenta y tres jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, Guerrero, mientras ejercían su derecho a la protesta. A la par de esto, los registros oficiales contabilizan 6 muertos y 20 heridos. Sin embargo, a casi cuatro años de distancia de la desaparición forzada de los normalistas, el destino de los jóvenes sigue siendo difuso.

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A México le siguen faltando 43 estudiantes. Durante la ceremonia de graduación, las 43 sillas de los normalistas quedaron vacías, en conmemoración a aquellos que desaparecieron. Bajo el nombre de “26 de septiembre, 3 semillas, 43 esperanzas”, en la generación 2014-2018 se graduaron 74 estudiantes, pero faltaron 43. Las sillas vacías, el dolor de sus compañeros de generación y el grito de una generación que aguarda en el pasado estuvieron presentes durante la ceremonia. Dentro de los pupitres vacíos reposa también el de Aldo Gutiérrez, normalista que desde el ataque del 26 de septiembre permanece en estado vegetativo.

Lo cierto es que el pasado viernes 13 de julio los nombres de los 43 desaparecidos resonaron por los megáfonos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en homenaje a aquellos alumnos que hace cuatro años comenzaron sus estudios para convertirse en futuros maestros. En 2014 eran 140. De ellos, tan solo quedan 74, que aguardan por su diploma, sin olvidar que sus compañeros han dejado un vacío enorme no solo en las sillas, sino en sus corazones. A la entrada de la escuela, las fotografías de los 43 jóvenes que no han vuelto dan la bienvenida a todos. Ni perdón, ni olvido.

La llamada verdad histórica, que es la versión que las autoridades han atinado a manejar, apunta a que aquella noche la policía de Iguala capturó a los jóvenes y los entregó a miembros del cártel Guerreros Unidos. José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, fue señalado como culpable por los nueve escenarios violentos que acontecieron aquella noche. Cuatro presuntos sicarios de Guerreros Unidos fueron detenidos. Aún así, diversas organizaciones a nivel mundial han descubierto un sinfín de irregularidades en la verdad histórica. Aunado a esto, el gobierno y los expertos han dado versiones que se contradicen unas a otras. A cuatro años de la masacre, el caso sigue siendo una incógnita y una muestra de la corrupción y la impunidad imperantes en México. ¿Qué partes se han omitido, qué otras se han alterado, qué tantas más se han ocultado? La pregunta queda en el aire.

 

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El estado de Guerrero es uno con los mayores índices de pobreza en el país. Las estadísticas señalan que uno de cada tres guerrerenses viven en condiciones de pobreza extrema. Ya desde 2011, Ayotzinapa había sido foco de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, cuando la Policía Ministerial del Estado acribilló a dos estudiantes y torturó por lo menos a otros 20.

En junio de este año, un tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso de Ayotzinapa, cuyo propósito era en esencia dar una solución concisa a lo que sucedió la madrugada de aquel 26 de septiembre, después de concluir que la investigación de la Fiscalía estaba llena de irregularidades que fueron desdibujando lo realmente ocurrido. La decisión se concretó a partir de que cuatro de los presuntos acusados de la desaparición de los normalistas se ampararon legalmente, asegurando que sus declaraciones habían sido obtenidas a partir de la tortura de parte de las autoridades.

La falta de un protocolo eficiente para buscar a las personas desaparecidas, además de las deficiencias de los canales de comunicación y difusión de la información fueron un parteaguas para llevar a cabo esta propuesta. El tribunal estableció que la investigación “(…) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de Naciones Unidas”. Por lo tanto, se proponía que la Comisión de la Verdad estuviera formada por organismos nacionales e internacionales, El Ministerio Público y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos; asimismo, los mismos familiares de las víctimas señalarían las vías de investigación más pertinentes.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República no estuvo muy conforme con la decisión, y argumentó que existía una imposibilidad jurídica para la creación de dicha Comisión. Y así fue: hace apenas algunos días, el magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito falló a favor de la PGR, alegando que el Ministerio Público Federal es el único con la facultad constitucional para investigar delitos federales, y que la creación de la Comisión de la Verdad “vulnera la naturaleza jurídica de la autoridad investigadora”.

Los familiares de las víctimas ya se han pronunciado en contra de la desfavorable sentencia, que vulnera sus derechos y atenta contra la verdad y la justicia. Queda esperar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará para defender la creación de la ya mencionada Comisión: es por eso que las víctimas piden que se realice una aproximación imparcial al caso, libre de la presión de los organismos gubernamentales.

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