A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante el Tribunal Electoral la advertencia del Instituto Nacional Electoral de que no puede hablar del proceso electoral en curso.
El documento presentado ante la Oficialía de Partes del INE, establece que la Comisión de Quejas realizó un análisis subjetivo e ilegal sobre dichos futuros, los cuales, no consta que puedan pasar.
El 4 de diciembre, dicho órgano electoral hizo llegar a la Presidencia un escrito en el que informa sobre la medida cautelar aplicada: «Se ordena el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos».
Se argumenta que tal acción es un agravio para el Primer Mandatario, quien, justifica, únicamente habla en sus conferencias mañaneras y actos públicos en los estados de asuntos relevantes y responde preguntas de medios de comunicación, apelando a la libertad de prensa.