Desde hace poco más de cuatro años, las víctimas del Río Sonora continúan esperando un hospital que pueda tratar sus padecimientos, derivados de uno de los desastres ecológicos más grandes de México. Se trata del derrame de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre (filial de Grupo México) vertió alrededor de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. La ‘incidencia’, provocada según Grupo México por la falta de una válvula en una de las piletas (y que, en realidad ocurrió por el mal diseño de las instalaciones), ha afectado directa e indirectamente a aproximadamente 24,000 personas de las poblaciones vecinas, según declara la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
¿Quién es Buenavista del Cobre?
Llamada anteriormente Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre es una subsidiaria de Grupo México desde 1990. Sus operaciones se desarrollan Buenavista, una mina a cielo abierto ubicada en el estado de Sonora, y que se considera uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Además, cuenta con dos plantas de procesamiento dentro de sus instalaciones. Se reporta que la empresa genera alrededor de 9,000 empleos directos y que produce y exporta 200,000 toneladas de cobre refinado.
La derrama económica generada por Buenavista del Cobre asciende a los 1,004 millones de pesos al año; se trata de la mina en operaciones más antigua en América del Norte, pues se encuentra operando desde 1899. Las minas de Cananea contienen los mayores yacimientos de cobre en exportación en el mundo. En 2012, Buenavista del Cobre inició un programa de inversión en el estado de Sonora por 4,141 millones de dólares, que buscaba aumentar la producción al 2016 a 510,000 toneladas anuales de cobre.
Las minas de Cananea
No es la primera vez que un suceso de estas proporciones tiene lugar en Cananea. El 30 de julio de 2007, una disputa entre Grupo México y Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de la mina, llevó a su planta de mineros a entrar en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Las malas lenguas y los opositores a la huelga afirman que el pleito de Napito (como se referían a él los compañeros) se originó por un desfalco que realizó por 55 millones de dólares, que pertenecían a un fideicomiso minero que tuvo que haber repartido, y del cual, según afirma, sí repartió…solo 20 millones. Aunque la huelga terminó, y la sentencia de la anulación de la relación laboral tuvo lugar en 2010, los ex mineros aun viven con el estigma de la huelga, a sabiendas de que al referir su último empleo muchos de los lugares donde piden trabajo no los contratarán.
El recuento de los daños
Las consecuencias del derrame han sido de proporciones gigantescas. Un estudio realizado entre el 2015 y el 2016 por la UNAM reveló que existe un grave riesgo de daño a la salud por exposición al plomo en la zona de San Felipe de Jesús, una de las comunidades aledañas al desastre ecológico. Se cree también que más del 80% de la población infantil del mismo poblado podría tener altas concentraciones de plomo en la sangre que representan un riesgo para su salud. No existe un reporte público exacto sobre las afectaciones en la población adulta, pues los datos hasta el momento están resguardados para uso privado de Grupo México. Al 2017, por lo menos 360 personas habían sido identificadas con problemas a la salud. El documento realizado por la UNAM también señala que existen residuos de materiales pesados como el arsénico, plomo y cadmio en frutas, hortalizas y lácteos, todos relacionados al derrame de 2014.
Los metales, además, se infiltraron en la fauna del ecosistema, dañando a coyotes, zorros, zorrillos, mapaches, cinco tipos de roedores y dos especies de aves; y deterioró la vegetación con una tasa de mortalidad en los árboles ribereños de un 50.3%.
Grupo México: la promesa que nunca se cumplió
Desde que ocurrió el desastre, Grupo México se comprometió a contribuir con un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparación de los daños y compensación a las familias afectadas. Además, fue multado con 23 millones de pesos tras haber sido señalado de 55 irregularidades en la planta de Buenavista del Cobre. Grupo México garantizó la construcción de 28 plantas de tratamiento de aguas y una Unidad Epidemiológica de Vigilancia Ambiental de Sonora, clínica que serviría para atender a los afectados que prestaría servicios a las víctimas hasta por 25 años de latencia.
Sin embargo, a más de cuatro años del desastre ecológico, es evidente la falta de compromiso de Grupo México con los afectados. Las 24,000 víctimas del ‘accidente’ aún no cuentan con acceso a una fuente de agua confiable: solo ha sido construida una de las 28 plantas de tratamiento prometidas, y el hospital sigue sin ver la luz. Bascut Tuncak, relator de las Naciones Unidas, ha declarado que “(…) una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer (…) es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad”.
Grupo México es la empresa minera más poderosa del país. Sus operaciones se extienden a Estados Unidos y Perú. Germán Larrea, el dueño de esta empresa, es el segundo hombre más rico del país, y está en el puesto 72 de la lista de Forbes, con una fortuna valuada en poco más de 17,300 millones de dólares.
En 2017, se declaró la extinción del Fideicomiso Río Sonora. El cierre y carpetazo por parte de Grupo México tan solo dejó ver su insensibilidad contra el suceso ecológico más trágico en la historia de México. Con el olvido de las promesas por parte de Grupo México, los pobladores de los municipios afectados perdieron todo ápice de esperanza en que su caso se resolviera. El ecocidio ha tomado proporciones catastróficas: los pobladores reportan llagas en la piel y riesgo de contraer cáncer en los próximos años.
Por otro lado, el gasto del Fideicomiso fue apenas de poco más de la mitad de lo anunciado por Grupo México desde un inicio. De los dos mil millones prometidos, tan solo llegaron a la luz 1,231 millones 367 mil 946.29 pesos. ¿Lo raro? Uno de los rubros en los que se desglosa el fideicomiso es en un gasto por comunicación social por 32 millones 415 mil 798 pesos. Mientras tanto, los 750 millones de pesos restantes de lo prometido no fueron entregados al fideicomiso, toda vez que la empresa consideró que el daño había sido reparado.
A cuatro años del ecocidio, las familias continúan en la incertidumbre, sabiendo que llevarán a cuestas una llaga por mucho tiempo. Con una suerte de clínica instalada en una casa y el río aun teñido de anaranjado por los residuos tóxicos, las víctimas exigen una y otra vez que su caso sea tomado en cuenta por las autoridades y que se devuelva un poco de dignidad a su vida.
