El pasado 26 de febrero de este 2018, se celebró la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, misma que fue organizada por la Universidad Autónoma de México.
Interesantes temas de discusión fueron tratados en conferencias magistrales y mesas panel presididas por expertos y personajes importantes pertenecientes a instituciones como COLMEX, CIDE, INCIDE, UNODC, la Policía Federal, SEGOB, ONU y por supuesto la CNDH y la Universidad Autónoma de México, así como otras instituciones académicas con renombre en el terreno internacional o nacional.
En la inauguración, tomó la palabra el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien expresó en su discurso su inconformidad con el Estado Mexicano al haber fallado al pueblo al no poder establecer un gobierno en el que se pueda garantizar la seguridad, que es un derecho humano universal. Esto después de que el año pasado hubo un repunte de violencia en el país y los índices de criminalidad van en aumento.
“Éste entorno de seguridad, violencia e impunidad que vive el país, con especial gravedad en diversas regiones, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección en la vida, integridad y bienes de quienes habitamos en este país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello, a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”.
Otro segmento importante de estas declaraciones, fueron en las que el presidente de la CNDH dijo que las políticas que la fuerza sobre aquello que provoque hostilidad y propicien la inseguridad, no han dado ni darán una respuesta favorable para combatir la inseguridad, “La violencia no reducirá la violencia”, afirmó. Con lo anterior critica a la Ley de Seguridad Interior.
Habló sobre la importancia de estar al tanto de temas de seguridad y justicia, pues en México, a pesar de que en 10 años se duplicó el presupuesto a un nivel superior a lo que el crecimiento del gasto neto federal se refiere y por supuesto a la economía. A pesar de esto y de los cuantiosos recursos que se destinan a esta causa, los resultados no han ido a la par con el recurso que se invierte, por lo tanto, no es por recursos económicos, el que la violencia se siga suscitando en nuestro país y de una manera tan incidente, para Luis Raúl Gonzales Pérez, esto responde a las “malas decisiones” tomadas por las instituciones. Sin embargo, no subestimó el tema de la corrupción y la impunidad en el caso de los eventos, situaciones, organizaciones y elementos sociales y políticos que beneficien el incremento de la violencia e inseguridad en nuestro país.
La conferencia tuvo una duración de más de 35 horas en conjunto, contando con 100 expertos y académicos provenientes de México, España, Brasil, Argentina, Alemania, Colombia, Reino Unido y Los EE.UU.
Finalmente, tras la ceremonia de clausura de este viernes, las personalidad y académicos volvieron a resaltar sus puntos de vista y agradeciendo la participación de todos quienes conformaron esta Conferencia, cuyos resultados serán anexados al documento de la primera conferencia de Seguridad y Justicia, en el 2011. Esto con el fin de extender el documento y las propuestas que serán redactadas por un grupo de expertos, a raíz de las cuestiones que se discutieron en esta segunda conferencia, y una vez concluido, entregarlo a las autoridades y a los candidatos a la presidencia de la república, pero sobre todo a los candidatos del Congreso de la Unión, para fortalecer las instituciones civiles de procuración de justicia.
A continuación, la lista de conclusiones muy al grosso modo a las que se pudieron llegar durante estos cinco días de conferencias que buscan generar propuestas para una agenda de seguridad basada en los derechos humanos.
1.- Son necesarias políticas públicas orientadas a defender las causas y factores a los que puede atribuirse la crisis de violencia en la que vivimos (Doctora Mónica Gonzales Contró)
2.- Las políticas que busquen poner por encima del Estado a las personas a favor de defender la integridad, deben ser inclusivas. Para Gonzales Contró es decisiva la participación de las mujeres.
3.- Se debe invertir el gasto público en la protección de las personas para garantizar la dignidad e integridad, “que disminuya las brechas de la desigualdad y la discriminación, causas también estructurales de la inseguridad.” (Gonzáles Contró), Es decir, debe invertirse mejor el presupuesto que el Estado ha apostado para la seguridad interior o Seguridad Nacional.
4.- Trabajar en un proyecto de reconciliación con las instituciones y hacia las personas que operan estos sistemas, como policía o el ejército, los jueces o el Ministerio Público.
“Uno de los principales retos que enfrenta el estado para garantizar seguridad y justicia es la desconfianza que los ciudadanos tienen precisamente a sus instituciones” (Gonzales Contró)
“Es preciso que recuperemos y restablezcamos nuestras policías civiles, la experiencia demuestra que el haber apostado en la participación de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas ha contribuido a controlar o al menos contener situaciones con coyunturas concretas, pero no ha resuelto los problemas de fondo. Además de que ha propiciado mayor violencia y el riesgo de que se presenten violaciones a los derechos humanos.” (Raúl González Pérez)
5.- Que la Sociedad Civil implemente mecanismos integrales para vigilar y denunciar la impunidad y corrupción, mediante la transparencia y rendición de cuentas.
6.- Deben reestructurarse y reestablecerse, así mismo, las instituciones, pues su “déficit” se siente en las calles del país. (Doctor Pedro Salazar Ugarte)
En esta nutrida aunque breve clausura, el director de Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, lanzó su opinión con respecto a la conferencia y los temas que a esta rodea y se mostró inconforme completamente con la Ley de Seguridad Interior, que relaciona con las leyes que se implementaron en 2008 (sexenio de Felipe Calderón) la militarización para combatir el crimen, sin embargo, también valora que durante ese periodo, las leyes favorecieron los derechos humanos en el ámbito penal y jurídico.
“No cualquier modelo de estado de derecho es el modelo compatible con un estado democrático de derecho”, comenta el Doctor Salazar.
Esa veta, (se refiere a la militarización) conduce hacia un modelo de estado de derecho que no es compatible con la democracia, porque, en su sustento en su contenido y en su orientación domina un alma fuertemente autoritaria. Sin embargo, el mismo año con la misma reforma, se introdujo a la constitución no solamente las bases para contar con un sistema de juicio penal basado en la oralidad, la transparencia y el principio de presunción de inocencia, sino que esa veta se reforzó en 2011 con la importante reforma en materia de amparo y con la fundamental reforma en materia de derechos humanos. Por esa vía, en los últimos meses se han seguido aprobando algunas reformas relevantes en materia de justicia cotidiana, todas estas reformas han sido acompañadas por la sociedad civil y por la academia”
Precisó que era responsabilidad de los académicos el continuar con esta lucha a favor de un estado democrático. Para “llevar la paz a casa a través del derecho”
Por el mismo lado, también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Gonzáles Pérez, continuó con este llamado en contra de la militarización, tal y como lo hizo desde la citada inauguración.
“Centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia, es una perspectiva errónea, Los problemas de inseguridad y violencia no pueden desvincularse de otras realidades y problemas que tiene nuestro país (…) No podemos seguir apostando al uso de la fuerza sobre la prevención (…) Un buen soldado, difícilmente podrá ser un buen policía y un buen policía no puede asumirse como un soldado.
Responde a que realmente es el crimen organizado uno de los más grandes problemas de seguridad, pero que se han visto desatendidos otros delitos que afectan a la mayoría de la sociedad, pues cuando el crimen organizado es una amenaza social y política, con claro poder corruptor hacia las instituciones y que favorece el debilitamiento del sistema del Estado, es también cierto que son muchos los afectados por delitos más inmediatos hacia la sociedad.
“Se vuelve una prioridad la reestructuración de nuestro sistema de inteligencia pues se encuentra dividido, con pocos niveles de capacitación, profesionalismo.”
Finalmente, confía en que estas propuestas ayuden a erradicar asimismo el tráfico de armas, el lavado de dinero y que el crimen “deje de ser una opción redituable para las personas”.
