Luego de un largo debate de más de 2 horas, el Congreso del Estado aprobó por mayoría exhortar al Senado para que rechace el dictamen de reforma a la Constitución Federal, en relación con el Poder Judicial, al considerarlo un “procedimiento legislativo viciado y de regresión en materia de independencia”.
Lo anterior, al aprobar las proposiciones presentadas por los diputados Francisco Sánchez Villegas (MC) y Nancy Frías Frías (PAN), quienes expusieron en tribuna los detalles del proyecto de dictamen que se hizo llegar a la cámara baja del Cogreso de la Unión, el pasado 5 de febrero.
La iniciativa, enviada por el Presidente de México, busca modificar la Constitución para reformar aspectos internos del Poder Judicial de la Federación, detallaron.
Algunos de estos son: la reducción de once a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; reducción del período de encargado de Ministros, de 15 a 12 años; se eliminan las Salas de la SCJN, para que todos los asuntos se sesionen en el Pleno; y elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces.
También, la incorporación de la figura de “jueces sin rostro” para casos relacionados con el crimen organizado, así como la creación de un Tribunal Disciplinario y separación de la Presidencia de la SCJN con el Consejo de la Judicatura.
En su argumentación señalaron que se trata de la antesala de un trance constitucional, es decir, una reforma que de aprobarse, pondrá en serio riesgo a la misma República, al pacto del federalismo y al dogma histórico de la división de los Poderes de la Unión.
De igual manera trastocaría sustancialmente al principio de progresividad, ya que como es de derecho explorado, los legisladores no pueden emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen, desconozcan el alcance o la tutela que ya se reconocía a los derechos humanos, según el artículo primero de la Constitución Federal.
Los cambios legislativos propuestos al orden jurídico mexicano, abren la puerta al detrimento de la impartición de justicia. Lo que se traduce a la par, en un retroceso enorme en materia de derechos humanos, explicaron.
También, afirmaron que la reforma pretende suprimir la autonomía e independencia del poder judicial, es decir, hacerla a su modo, tan es así que elimina el Consejo de la Judicatura y en su lugar establece la creación de un Tribunal Disciplinario, en otras palabras, de persecución, para aquellos que no vayan en línea con los intereses de Morena.
De igual forma, la reforma propuesta instaura la elección mediante voto popular de las y los ministros, jueces y magistrados, para que la ciudadanía decida quiénes son los más aptos para ostentar dichos cargos, sin que “medien de por medio criterios relevantes como la carrera judicial”.
Y finalmente, que el proceso fast track que se ha privilegiado en la reforma judicial, solo vulnera el derecho a la participación ciudadana e ignora el clamor de justicia de los mexicanos, alertaron.
Diputadas y diputados de Morena, aseguraron que la resistencia obedece a temas de clasismo, ya que la mayoría del PAN y el PRI, quieren hacer pasar como tonta a la población, al dar a entender que no tiene la capacidad para elegir los mejores perfiles, que ya era tarde para oponerse pues se hicieron foros, y que se olvidaban de los errores que sus partidos en el poder cometieron.
Por el contrario, congresistas del panistas, priístas y de Movimiento Ciudadano, advirtieron que todos esos argumentos eran una excusa para disfrazar la verdadera intención de la iniciativa enviada por el Presidente, para preservar al partido Morena en el poder, e iniciar la instalación definitiva de un régimen dictatorial.
Por Heidi Rodríguez Reynoso.
