Pide Congreso intervención del Estado vs “clinker” que emite GCC

Tanto quienes viven, como quienes están de paso en la ciudad de Chihuahua, a diario respiran un aire contaminado de una sustancia que contiene un 49% de silicato de calcio, 20% de calcita, 10% de grafito, 10% de cristobalita, 5% de sanidino, y 3% de larnita, luego entran a los pulmones y la sangre, para asentarse capa tras capa, en casas, autos, calles, aguas, y vegetación.

La situación fue denunciada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, desde mayo pasado, en atención a un grupo de ciudadanos del sector aledaño a la Sierra de Nombre De Dios, que desde 2022 se conformaron en un colectivo para exigir la atención del gobierno, y se comprobó que la emisión proviene de la fábrica del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), ubicado sobre la calle 4ª y Juan Escutia, en esa zona.

En junio, una nueva intervención de la legisladora del Congreso local, logró que Semarnat y Profepa, emitieran órdenes de clausura total y parcial, para la operación de algunos patios de la empresa, en tanto repararan la maquinaria causante de la contaminación ambiental.

Sin embargo, GCC consiguió un amparo de un juzgado para retomar la operación sin que se haya corregido la situación técnica que emite esa nube tóxica, llamada clinker, que no solo afecta al sector de Nombre de Dios, sino que cubre toda la mancha urbana, y a diario.

“El Ayuntamiento otorgó los permisos de explotación de los bancos de materiales al Grupo Cementos de Chihuahua, y es obvio que no está vigilando para que se cumplan las condiciones de esos otorgamientos”, indicó.

Compartió que este sábado 14, se realizó una manifestación pública de la ciudadanía afectada, frente a las oficinas del GCC, para entregar un oficio al encargado de la planta, Enrique Escalante Ochoa, pero ningún directivo ni personal administrativo atendió al grupo, y el documento fue entregado a un elemento de vigilancia privada del lugar.

“Al oficio, se agrega el estudio de laboratorio, que ya se hizo al polvo que emanan las plantas”, destacó durante su participación en tribuna del Pleno legislativo, para llamar al Gobierno del Estado, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, a intervenir para auxiliar a la población capitalina.

En tanto, mostró un par de vídeos que “no son de junio ni de mayo, cuando denunció por primera vez el problema“, son de la mañana de este lunes 16 de septiembre, tomadas como un dron, desde diferentes sectores.

Las imágenes muestran cómo la extensa capa de polvos, cubre la totalidad de la ciudad de Chihuahua, tanto desde el este, como del oeste, donde se ubica el centro comercial de Distrito 1 y las zonas residenciales de primera clase de la capital chihuahuense.

“Eso no es una inmersión térmica. Eso es (ocurre) cuando hay grandes temperaturas extremas. Esto es el ambiente que estamos respirando todos los días, tanto quienes viven como quienes están de paso”, aseveró.

Mencionó que la imagen de empresa socialmente responsable que ha ofrecido GCC no debiera minimizar los estragos del clinker, en la salud de la población, y sin necesidad de auditorías, desde antes estaba obligada a invertir en la reparación de los equipos, que ahora envenenan a la ciudadanía.

“No entiendo el poco valor que una empresa que se dice con sentido social…le da a la vida de cada uno de los chihuahuenses que desde 1941, le han permitido forjar una de las fortunas más poderosas de México”, expresó.

El exhorto, dirigido al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento chihuahuense, a cargo del alcalde Marco Bonilla (PAN), llamó a que ambas instancias intervengan para obligar a la empresa a dejar de contaminar y sobreexplotar materiales, según dicta la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

También se acordó que el asunto fuera atendido por la Semarnat y la Profeco, y se votó a favor, para proteger no solo la salud poblacional, sino la biodiversidad de la Sierra de Nombre de Dios, que bordea el noreste de la ciudad de Chihuahua, y de donde se extraen los materiales de la cementera.

“Las actividades industriales, especialmente la extracción de materiales, han tenido impactos negativos en los ecosistemas locales, los cauces de agua y la calidad del aire. Estos efectos se han traducido en problemas de salud pública, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, describió la legisladora.

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