A 1 año sigue impunidad en fuga del Cereso 3: Diputado

A 1 año sigue impunidad en fuga del Cereso 3: Diputado

A un año de la fuga masiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3, en Ciudad Juárez, no hay ninguna condena para el funcionariado responsable, ni las 10 familias de los custodios que fueron asesinados han recibido las indemnizaciones.

Así lo expuso el diputado David Óscar Castrejón Rivas (Morena), presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, en el marco del primer aniversario de la masacre, ocurrida el 1 de enero de 2023 en la frontera juarense.

“Es una muestra de la gravedad que existe de la impunidad en Chihuahua…una cuestión de corrupción y una cuestión de negligencia en las funciones que se tenían como custodios, de los directivos”, comentó.

Cuestionó que existen demasiadas cámaras de vigilancia al interior, como para que nadie se haya dado cuenta de la introducción ilegal de 15 armas irregulares que fueron identificadas y 3 millones de pesos en efectivo que fue identificado en la investigación forense.

“Y con todo ello no hay ningún responsable, no hay nadie en la cárcel porque hubo muertos, y del supuesto responsable no está aclarado por qué perdió la vida, si en un intercambio de disparos o fue privado de la vida para que no hablaran, ¿Y quién le permitía todos esos lujos?”, cuestionó.

Como parte de la Recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para el resarcimiento del daño a las víctimas, se organizó una ceremonia en homenaje a los caídos en cumplimiento de su deber, pero se excluyó al Congreso del Estado, señaló el legislador.

“Se debería invitar a los deudos, e informarles que quiénes están detenidos, quiénes están en proceso, y si están o estuvieran pagadas ya todas las indemnizaciones que les corresponden conforme a la ley, y no no existe nada de eso”, reclamó.

Observó que mientras en otras evasiones de prisión ocurridas hace décadas en Chihuahua, siempre ha habido detenidos y procesados, en esta ocasión, al principal responsable, que es el entonces fiscal, irónicamente fue “premiado” al colocarlo como jefe de asesores de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Actualmente ya tiene otro cargo pero de los beneficios económicos como burócra. Hay impunidad y los deudos señalan que no hay el pago de las indemnizaciones que les corresponden”, aseguró.

Castrejón Rivas mencionó que la Recomendación de la CNDH para este caso, indicó cubrir una indemnización económica de 5 mil salarios mínimos, en caso de ser el sueldo, o de 5 mil veces su sueldo diario.

Por Heidi Rodríguez Reynoso.