Caso Lozoya, un año sin avances

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Las audiencias que se había programado este lunes 12 de junio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fueron aplazadas por tercera ocasión a petición de la defensa del exfuncionario.

La defensa de Lozoya solicitó más tiempo para reunir los datos de una serie de peritajes sobre cuentas en Europa y para concluir la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

Las audiencias que se reprogramaron para el mes de agosto pretendían decidir si el exfuncionario iba a juicio por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht y Altos Hornos, o si —por el contrario— se confirmaba la suspensión temporal de los procesos en su contra gracias al criterio de oportunidad que negoció con la FGR.

Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España, y extraditado el 17 de julio a México, donde está acusado de recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

Fue vinculado a proceso el día 28 del mismo mes de su arribo en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad.

Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido un día después de su arresto en España que en su Gobierno no había “protección para nadie”. Cabe mencionar que el ex director de Pemex cumplirá un año vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Supuestamente recibió USD 3.5 millones por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado, lo cual ocurrió en 2014, cuando la paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.

El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago, en marzo de 2012, de 4 millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.

Desde su extradición a México desde España, Lozoya Austin ha estado colaborando con la FGR. Supuestamente ha dado nombres de altos funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción. Inicialmente se habían fijado seis meses para aportar las pruebas, pero los abogados de Lozoya han conseguido aplazar las audiencias hasta en tres ocasiones.

La defensa del exdirector busca que su cliente pueda acceder al criterio de oportunidad de la FGR gracias a su colaboración, o en todo caso reunir más evidencias para defenderlo.

En su búsqueda de protección, Lozoya denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.

Sin embargo, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya, contradijeron esta semana la versión dada por él.

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