La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos, acordó presentar una Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
A propuesta del diputado Francisco Sánchez Villegas (MC), el acuerdo fue debatido ante la presencia de un grupo de manifestantes contra la reforma publicada este 15 de septiembre, que llegó a incomodar a diputadas y diputados de Morena, e incluso acusaron al Grupo Parlamentario del PAN, de haberlos infiltrado, lo cual fue negado de inmediato.
Uno de los asistentes, gritaba insistentemente “¡Traidores!, ¡Traidor!”, cuando oradoras y oradores de Morena, estaban en tribuna debatiendo en contra la posible controversia constitucional, bajo el discurso de que “es lo que el Pueblo manda”.
El hombre fue retirado, por faltar al reglamento interno, que pide compostura para todas las personas que asistan a escuchar las sesiones, que son públicas.
Francisco Sánchez Villegas, el diputado promovente de la propuesta, explicó que el objetivo es llamar a la minoría parlamentaria de la oposición en el Senado, e instruye a las áreas técnicas para que “dispongan lo necesario para tal efecto”.
También llama a las dirigencias nacionales de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, a que promuevan una acción de inconstitucionalidad contra de dicho decreto.
El acuerdo exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a fin de que realice las acciones necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad en las elecciones de jueces, magistrados y ministros, evitando toda intervención de poderes externos.
En tribuna, el diputado dijo, que la nueva realidad constitucional, crea en realidad una crisis en la división de poderes, subordina el Poder Judicial al Ejecutivo, por tanto, es necesario que la reforma judicial sea controlada por la propia Constitución.
Es decir, que sea analizada bajo los mecanismos de impugnación existentes para que se determinen dos extremos: la forma en que se creó, es decir el proceso legislativo y el fondo, lo que implica determinar si la reforma transgrede la organización política de México.
“Activar los instrumentos jurídicos correspondientes ante las flagrantes violaciones a la división de poderes y a la Soberanía del Estado de Chihuahua, es nuestro deber”.
“La lucha debe comenzar desde el norte, desde este Congreso, por eso en uso de las facultades que otorga nuestra constitución local y con fundamento en el artículo 105, fracción I, de la Constitución General, esta Soberanía debe presentar una Controversia Constitucional contra la mal llamada reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024”, comentó.
Al finalizar su intervención, declaró que no es momento de bajar la guardia, que debemos permanecer con nuestra determinación de restablecer el orden de la división de poderes y la Soberanía del Estado de Chihuahua y a la vez, ser vigilantes en el actuar del Instituto Nacional Electoral, debemos ser firmes y dar la resistencia Republicana que las circunstancias exigen.
El coordinador parlamentario de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, señaló que recién un juez concedió la suspensión definitiva al amparo contra la vigencia de la reforma constitucional al Poder Judicial, por lo que en miras de realmente respetar el Estado de Derecho, debe congelarse su puesta en marcha.
