El Poder Legislativo de Chihuahua solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), investigar la supuesta autorización de 12 matrimonios infantiles, de parte de la Dirección del Registro Civil del gobierno estatal, y de comprobarse, que deslinde las responsabilidades que correspondan.
María Antonieta Pérez Reyes, legisladora local por Morena, expuso ante el Pleno que información periodística reveló la existencia de uniones civiles entre personas adultas y menores de edad, desde 2023, en los municipios de Riva Palacio, Ahumada, Guazapares, Julimes, y Morelos, lo cual configuraría un delito de acuerdo al Código Penal del Estado.
Respecto al marco legal, la diputada indicó que el Senado de México ya aprobó un proyecto de decreto, para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer “un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona, en forma constante y equiparable al matrimonio”.
Además, la Cámara Alta también decretó la prohibitiva de los matrimonios infantiles en todo el país, y fijó un mínimo de 18 años de edad, para autorizar un casamiento, así como penas de entre 8 y 15 años de prisión, con multas que van de los mil a los 2,500 días de salario mínimo.
Si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la penalidad aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, agregó la morenista.
De esta manera, las diputadas y los diputados estuvieron de acuerdo en pedir la indagatoria oficial de la denuncia, a través de la FGE, sobre todo, debido a que al parecer el titular del RC, Rafael Alejandro Corral Valverde, declaró que tales actas no tendrían validez legal, y que inició una investigación “urgente”.
