Exige diputada cárcel y multa por llamadas falsas al 9-1-1: hay hasta 4 mil diarias en Chihuahua

Exige diputada cárcel y multa por llamadas falsas al 9-1-1: hay hasta 4 mil diarias en Chihuahua

Hasta 4 mil llamadas de falsas emergencias se hacen a diario al 9-1-1, según lo contabilizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y a pesar de haber una pena de cárcel de hasta 9 años de cárcel y multa económica de 300 días, la instancia se ha limitado a exhortar a la ciudadanía a que no lo haga.

Ante la problemática, que desperdicia recursos profesionales y materiales, la diputada local, María Antonieta Pérez Reyes (Morena), usó el recurso del artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en la tribuna legislativa, para cuestionar a la SSPE el por qué no ha procedido en consecuencia.

Molesta, la legisladora reclamó el que exista un número tan elevado de personas que juegan con “algo tan delicado, como lo son los recursos de auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Señaló que el artículo 307 del Código Penal del Estado indica que si una declaración motiva la intervención de una autoridad, y es falsa, la persona responsable deberá ser sancionada con una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión, así como una multa de 100 a 300 días.

El mismo artículo -remarcó-, agrega que las sanciones se podrán aumentar hasta en una mitad, si la declaración a la autoridad se realiza dolosamente, a través del servicio telefónico o cualquier otro medio de telecomunicación, para avisar de una alarma o emergencia.

Pérez Reyes preguntó a la SSPE el “¿Por qué no han aplicado las sanciones correspondientes, en los artículos 307 y 307 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, a los ciudadanos que falsamente reportan emergencias al 911?”.

Al tener conocimiento de las herramientas con las que cuenta, la citada autoridad “ya no puede estarse valiendo de exhortos voluntarios a los ciudadanos que están cometiendo un delito”, puntualizó.

“Pudiera estar omitiendo las denuncias correspondientes para evitarse la integración de expedientes o un proceso burocrático que podría mermar sus recursos”, sugirió.

Por Heidi Rodríguez Reynoso