Exige PRI en Chihuahua una Ley General contra la Extorsión

El diputado federal Alejandro Domínguez, y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, alertó, sobre la alarmante expansión del delito de extorsión en México y exigió que la Ley General en materia de extorsión que hoy se posiciona en el congreso de la Unión, sea una herramienta real, operativa y eficaz, no un simple ejercicio de voluntad simbólica.

Durante la discusión de la reforma constitucional que sienta las bases para dicha ley, Domínguez señaló que la extorsión ya no es un delito aislado, sino un fenómeno estructural que vulnera a millones de mexicanos, destruye pequeñas empresas, corrompe instituciones y mina la seguridad en municipios de todo el país.

“No podemos seguir permitiendo que el miedo marque el destino de nuestras familias. La extorsión es hoy un cáncer que corroe a la sociedad, y no se resolverá con discursos: necesitamos una Ley General con dientes, con presupuesto y con visión de Estado”, expresó el legislador priista.
Según cifras recientes, la extorsión ha alcanzado su nivel más alto desde que hay registro. El 97% de los casos no se denuncian, y miles de pequeños comercios cierran cada año ante la imposición del llamado “derecho de piso”.

En ese contexto, el líder priista en el estado, resaltó que el PRI se compromete a impulsar que esta reforma sea el punto de partida para una auténtica política de Estado contra la extorsión, que tenga como centro a las víctimas y a la sociedad mexicana por lo que se planteó que la futura Ley General contra la Extorsión debe contener, al menos, cinco pilares:

1. Protocolos nacionales de investigación coordinada entre autoridades de todos los niveles.
2. Registro Nacional de Extorsión. que proyecte la dimensión del problema
3. Unidades especializadas con recursos suficientes para capacitación y supervisión
4. Protección inmediata a víctimas
5. Rendición de Cuentas y Sanciones a autoridades omisas.

Además, enfatizó que la ley debe reconocer el impacto económico y territorial de la extorsión, así como la necesidad de incluir a los municipios en el diseño de las soluciones.

“Exigimos que la Ley General en materia de extorsión no sea un documento genérico, sino un instrumento eficaz que establezca estándares mínimos obligatorios para todos los estados, evitando que algunos se conviertan en refugios para la delincuencia. No puede haber estados de primera y de segunda en la protección de los derechos de las y los mexicanos”, planteó Domínguez.

“Mientras la extorsión siga marcando la vida de millones, no podemos hablar de justicia ni de desarrollo. Esta no es solo una obligación legal: es una responsabilidad moral con México, y en nuestro estado. Necesitamos instituciones sólidas, confiables y capaces de proteger a las víctimas y sancionar a los culpables”, concluyó.