El arresto del exgobernador Javier Corral Jurado no podía ejecutarse porque el proceso de colaboración entre las fiscalías de Chihuahua y de Ciudad de México (CDMX) no había concluido, aseveró el coordinador del Grupo Parlamentario (GP) de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo: “se brincaron las trancas, se aceleraron”.
Indicó que se trata de un procedimiento en el que “se presentaron irregularidades”, como una muestra más, de la falta de coordinación que ha tenido la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con otros gobiernos, y con el federal, durante 3 años.
Explicó que el documento exhibido por el fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Hoguín, como probatoria de que había un convenio de colaboración para que la Fiscalía General de Justicia de CDMX apoyaría el arresto de Corral Jurado, no estaba en firme porque apenas habían pasado horas de su trámite y no estaba concluído.
“Podemos afirmar que hubo, por parte de los agentes encomendados en el Estado de Chihuahua, pues a lo mejor no la prudencia, ni la pericia suficiente para esperar (a) que estuviese el procedimiento concluido, autorizar la colaboración, y esta detención ordenada por una autoridad, seguramente pudiera, entonces sí, llevarse a cabo, conforme al debido proceso, y a la ley, y al convenio”, enfatizó.
Mencionó que cuando Javier Corral, fue gobernador (con el PAN), él como diputado y otros legisladores de oposición señalaron lo que consideraron estaba mal, aunque por encima de todo ello, el funcionariado y la opinión pública deberían reconocer su labor para combatir la corrupción en contra del exgobierno de César Duarte.
“No se trata de defenderlo, se trata de defender una política en una lucha anticorrupción que le ha costado a México y a Chihuahua, muchísimo dinero, y que le ha causado un gran daño, esa es una realidad, y no podemos dejar un precedente de que si alguien intenta luchar contra ese flagelo. va a tener como consecuencia posterior ser perseguido, me parece que es un mensaje tremendo”, advirtió.
Agregó que omitir esa arista, sería dejar de considerar que es el 80% de la verdadera implicación en la controversia generada por la orden de aprehensión.
“Con todo respeto lo digo, pero es público eso, muchísimos personajes actuales de la Administración Estatal, y de otras administraciones, tuvieron una vinculación directa o indirecta, y actualmente ocupan una función pública, y eso tampoco se puede desvincular”, expuso.
Recalcó que ni a la gobernadora, ni a las instituciones de los órganos jurisdiccionales, fiscalías, y demás, fueron puestas por la sociedad, con ánimos revanchista, sino para investigar conforme a derecho y proteger el dinero público.
El coordinador del GP morenista, concluyó así que el tema se basó en dos aspectos, la mala ejecución por parte de los agentes de la Fiscalía de Chihuahua, y las verdaderas causas políticas detrás de todo eso: “todos nos podemos equivocar sobre temas públicos, no podemos ser objeto de revanchas políticas, ni de venganzas”.
Por Heidi Rodríguez Reynoso.
