Un juez federal resolvió en favor del recurso promovido por el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, en contra de la Presidencia del Congreso del Estado, por desechar injustificadamente un acuerdo que fue aprobado por mayoría.
Con ello, el exhorto tendrá que ser validado, y cumplir su propósito, que es el de presentar una controversia constitucional a nombre del Poder Legislativo chihuahuense, en contra de la reforma judicial que impusieron Morena y sus aliados, en el Congreso de la Unión.
“El Tribunal Federal confirmó que existe una violación a la certeza en la votación”, explicó Sánchez Villegas sobre la “manera arbitraria e ilegal” con la que “ha desechado las iniciativas que son aprobadas por mayoría”, además de que la obliga a fijar parámetros claros en los criterios.
Detalló que el caso impugnado, se refiere la situación que ocurrió en el Pleno, cuando él presentó un Punto de Acuerdo para que el Congreso de Chihuahua presentara la referida controversia, y fue aprobada por mayoría de 16 votos a favor y 15 en contra (de Morena, PT, y PVEM).
Sin embargo la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta (Morena), de “manera arbitraria, determinó que esa votación no constituía una mayoría”, agregó.
El asunto fue desechado posteriormente, y sin informarlo, hasta que el propio líder de la bancada naranja cuestionó el tema, debido a que había dos dictámenes validados en diferentes sentidos.
Durante la sesión, el coordinador de la Fracción morenita, Cuauhtémoc Estrada, argumentó que la contabilidad señalada no era válida, porque se tenía que fraccionar desde el total de diputaciones oficiales, mas no de las que estaban presentes, y como faltaban un par de legisladores (panistas, por cierto) pues el número a alcanzar era 17 y no 16.
Francisco Sánchez dejó la argumentación hasta ahí, pero antes señaló la necesidad de establecer los criterios con los que se definirían las próximas cantidades para alcanzar mayorías, simple y calificada, dentro de la Jucopo, toda vez que la interpretación de la Ley Orgánica, parece avalar ambos razonamientos.
Además, debido a que ningún grupo parlamentario las alcanza por sí solo, y esta situación se volvería a repetir de manera constante, se volvía imperativo determinarlos.
Posteriormente, el coordinador del GPMC solicitó el amparo federal, pues consideró que la decisión de la presidenta del Congreso era ilegal, lo cual finalmente se ratificó desde el Juzgado Federal, que le dio el falló a favor.
“Este es un paso para que los tribunales determinen no solo la fijación de un criterio sino que se estipule la primera declaratoria de validez”, recalcó el líder emecista.
