INE debe realizar la consulta popular: SCJN

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta popular sobre expresidentes sin necesidad de recibir recursos extra para ello.

Ayer, por unanimidad de votos, los integrantes de la Sala aprobaron el proyecto del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, sobre la controversia constitucional 203/2020, promovida por el INE, el cual alegó que el Congreso de la Unión, al aprobar y expedir la convocatoria para dicha consulta, violó su autonomía constitucional y presupuestaria, debido a que en ningún momento se consideró la previsión presupuestal que le otorgara los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio.

“Al resolver el asunto, la Primera Sala determinó que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que, al emitir el Decreto que contiene la convocatoria a la Consulta Popular, establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”, explicó la SCJN en un comunicado.

Sin discusión alguna, los integrantes de la Primera Sala aprobaron el proyecto, por lo que ratifica que la autoridad electoral tendrá a su cargo el diseño y realización de la consulta.

Con esta resolución se eliminó el único obstáculo legal para realizar ese ejercicio de consulta popular, el próximo 1 de agosto, como lo aprobó el Congreso de la Unión tras la propuesta del Presidente.

La propuesta original era que se preguntara a la población si los expresidentes de la República deberían ser investigados y sometidos a procesos penales.

Sin embargo, la Suprema Corte se encargó de modificar y darle estructura a la pregunta para darle constitucionalidad al ejercicio sin violar las garantías de los posibles involucrados, para quedar como sigue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

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