Las cuentas individuales de las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) que el Gobierno del Estado de Chihuahua colocó en la casa de inversiones Véctor, están protegidas, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.
En el marco de los señalamientos del Departamento del Tesoro, sobre que la firma bancaria de Alfonso Romo, jefe de la Oficina del Gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador (Morena), tenían relación con el lavado de dinero para un cártel narcotraficante, el funcionario chihuahuense observó que las inversiones estatales no corren riesgo.
“Entiendo que el Gobierno Federal ha aclarado que tanto Banco de México, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, están pendientes de estas operaciones”, comentó.
Al respecto, enfatizó que los contratos celebrados por Pensiones son “perfectamente legales”, y que “están protegidos por la legislación mexicana”.
“Los vínculos que cualquiera de estas entidades (Véctor) tenga con actividades ilícitas, según lo ha señalado el gobierno de los Estados Unidos, corre por cuenta separada y tendrá que resolverse en otras instancias”, aseguró De la Peña.
