Aunque el proyecto de dictamen para la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés López no fue sometido a votación en el Congreso del Estado, sí fue abordado en un intenso debate de horas, en el Pleno.
La diputada Karla Rivas, solicitó un Punto de Acuerdo para que el Poder Legislativo a nivel federal detenga el proceso legislativo, en tanto no se resuelvan los amparos, que protegen el derecho humano de los particulares de acceso a la justicia y que el Ejecutivo se abstenga de promulgar dicha reforma constitucional.
“(Esta reforma) No es demanda popular, es una acción impositiva…Ha muerto la República en México”, aseveró la legisladora durante la exposición, desde la tribuna parlamentaria.
Indicó que lo visto en el Senado significa que México está siendo rehén de una peligrosa concentración de poder en manos de un solo partido político, que “históricamente, ha conducido a regímenes autoritarios”.
“Es irónico que México pierda su independencia en el mes de septiembre, cuando celebramos la soberanía y la libertad. El 11 de septiembre será recordado como el día en que México retrocedió en su camino hacia la libertad, la democracia y el respeto por sus instituciones.”, manifestó.
Rivas Martínez destacó que uno de los aspectos más alarmantes de la reforma es que los jueces y magistrados, serán seleccionados por voto popular a partir de 2025, lo que pone en grave riesgo la independencia del sistema de justicia.
“Es inadmisible que Morena, en su intento de consolidar su proyecto político, esté sacrificando la independencia judicial, eliminando el equilibrio de poderes que garantiza que ningún órgano del Estado tenga un control absoluto”, apuntó.
La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, subió a tribuna para contestar, bajo la figura de voto razonada, y dijo que “este posicionamiento del prianismo no tiene desperdicio porque es un conjunto de falacias de fantasías políticas que solamente hace reafirmar la desconexión que tiene el prianismo con la realidad social y política de México”.
Criticó que el índice de un 99% de impunidad ha sido provocado por el Poder Judicial, y que no habrá afectaciones económicas porque “México es tan rico que no se lo han podido acabar”.
Roberto Marcelino Carreón Huitrón del PAN, reviró el señalamiento al expresar que “no puedo creer lo que acabo de escuchar, de responsabilizar a gobiernos anteriores de haber saqueado al país, déjeme decirle diputada que usted contribuyó a acabarse en México porque usted autorizó presupuesto de egresos como diputada del PAN”.
Cuestionó si se hablaría de la Reforma Judicial o de lo que ya pasó: “el día de hoy la justicia se rinde bajo servicio de unos cuantos, porque estará al mando de una sola persona en el Palacio Nacional. México no nació con Morena, como ustedes creen”.
Tocó el turno de Jael Argüelles Díaz (Morena) afirmó que uno de los beneficios de la reforma judicial es que le resta peso a la carrera judicial porque ha sido un trampolín para los favoritismos, y se busca que las personas juzgadoras sean sensibles a las causas, más que expertas en la materia.
“El Poder va a proteger al Poder. Ustedes mismos lo dijeron, su lucha ya es simbólica porque la reforma judicial es una realidad. Les aplaudo y los respeto.
Porque el Pueblo no quiere nepotismo, vamos por la votación directa de jueces, que viva Morena porque hoy más que nunca respeta la voluntad de las personas”, dijo.
Arturo Medina, diputado del PRI, llamó a que la discusión se centrara en el Punto de Acuerdo de Rivas Martínez.
El legislador Carlos Olson subió a tribuna para exponer que contrario a los argumentos vertidos por el oficialismo, en el sentido de que la reforma acabaría con el nepotismo, lo magnificará, según establece el artículo 96, párrafo segundo del proyecto de dictamen.
“¿Quién va a ir en la boleta? Los que propongan el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ¿quién los controla? Y si se ponen de acuerdo van a ser candidaturas únicas, díganme si no favorece el influyentismo, el compadrazgo, el nepotismo, la parcialidad en la justicia. No engañen a la gente”.
Aclaró que el PAN no están en contra de reformar el sistema, pero no a través de esta iniciativa, pues “no lo queremos hacer en lo oscurito, como lo hicieron en el Senado. A menos de 72 horas ya teníamos el dictamen aquí. Hubo 18 estados que lo aprobaron en la madrugada. Es más, todavía no se aprobaba en el Senado y ya se estaba aprobando en las legislaturas locales”.
América Aguilar Gil (PT) también participó en el debate al aludir que el amparo que sirvió para retirar del Orden del Día, el proyecto de dictamen para aprobarlo, es una muestra del abuso que comenten los jueces contra los derechos de la ciudadanía.
“¿Es un tema de omitir, o de querer no hacer su trabajo, o simplemente es la manera en la que le dan la vuelta para no pasar a la historia como unos traidores a las y los ciudadanos, a la democracia, a México? Recapaciten, y hagan lo que sus compañeros, y pasémosla por unanimidad”.
Arturo Zubía Fernández (PAN) consideró que esta situación se diera en el mes de septiembre, marcado altamente por el patriotismo y la libertad: “se inicia la pérdida, hoy bajo la falsa premisa de elegir jueces y magistrados por el voto popular. Es una falacia”.
“Es mentira que se busque la democratización, aquí se busca la captura y el control del Poder Judicial ¿Cómo vamos a gritar ahora, ¡Viva la independencia nacional!, si justo este mes la estamos perdiendo. La libertad no se negocia y la justicia mucho menos se partidiza”, detalló.
A continuación Leticia Ortega Máynez (Morena), explicó con unas gráficas las “cantidades exhorbitantes” que ganan los altos cargos del sistema judicial, como los 4, 490, 441 pesos al año para las magistraturas, así como la serie de deficiencias que exhiben en todos los órdenes de gobierno, donde impera la corrupción para liberar a criminales, con “sabadazos”.
“El presidente les pidió a los estados, ustedes refórmense, hagan las propuestas se quedó esperando sentado porque nunca lo hicieron, ¿Por qué? No quieren mover ni un ápice sus privilegios, sus grandes sueldos, pero ni así se ve el resultado. El 5 de febrero de 2024, el presidente manda su iniciativa, porque dijo ‘estos nunca lo van a hacer’. El ‘Plan C’ se votó por 36 millones de personas”, mencionó.
Alfredo Chávez Madrid, coordinador de la Fracción del PAN, participó con un discurso que afirmó que la reforma en cuestión obliga a lograr puntos de acuerdo, a saber dialogar, pero también escuchar.
“Y esto no es una imposición del Pueblo de México, esto es producto de una noche bizarra en el Senado donde secuestran a un senador, y donde como Judas, compran a otro, y le ofrecen impunidad”, expuso.
Advirtió que la República sí está en riesgo, e incluso lo decía “Colosio, el mismo presidente López Obrador, y lo decimos ahora, este país no tiene justicia, pero se les olvidó decir una cosa, que ustedes tienen 6 años gobernando y seguimos con los mismos números, y eso significa que no hicieron nada”.
Enfatizó que Morena es “parte del colapso de la justicia en este país”, por lo que esta “reformita” no la arreglará, porque no aborda los temas de fondo: “no me digan que ahora vamos a elegir jueces porque eso es falso los va a elegir El Ejecutivo, los congresos estatales, la Cámara de Diputados ¡cuál democracia! Esta reforma no tiene sustancia, tiene odio al Poder Judicial”.
La presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta, recordó que la reforma constitucional es un hecho, pues tuvo 86 votos a favor, contra 41 en contra, y más de 18 congresos la autorizaron, por lo que “en Morena somos mayoría y somos alegría”, e insistió en que era lo que toda la gente de México quería.
“Se marcará un nuevo rumbo en la vida judicial del país, regresándole a los ciudadanos la posibilidad de que tengan acceso a una justicia inmediata, para todas y para todos donde no ganará quien tenga o pague más dinero”, mencionó.
Alma Portillo de MC, criticó que Morena y sus aliados, exponían esta reforma como “una varita mágica que va a solucionar los problemas de la noche a la mañana, yo quiero preguntarles cuándo, para cuándo vamos a ver solucionados esos problemas, porque ya pasaron 6 años desde que prometieron un cambio”.
Irlanda Márquez Nolasco, aseguró que este tema se bajó del Orden del Día, por miedo al pueblo y que no cuenta con argumentos, para no admitir que “la gente a la que por muchos años robaron y lastimaron, no los quieren”.
Reclamó que los legisladores en contra, se reunieron con los manifestantes que se oponen a la reforma, a manera de “intento de baño de pueblo”, a pesar de que hace una semana modificaron la Ley de Participación Ciudadana, de manera retrógrada.
El Punto de Acuerdo finalmente fue aprobado por mayoría de votos, lo que permitió que el Congreso de Chihuahua llamara al de la Unión, a frenar el proceso legislativo, como el único que hasta ahora lo ha hecho.
Por Heidi Rodríguez Reynoso.
