El Gobierno de México investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín El Chapo Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos (más de 5,3 millones de dólares), reveló este lunes el diario Milenio.
El medio mexicano accedió a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.
“Se tiene la sospecha fundada de que eso es solo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano”, citó el medió con base en el informe.
Efe contactó a la UIF para corroborar el reporte, pero los funcionarios respondieron que no darían información oficial por el momento, aunque tampoco negaron la autenticidad del informe.
Aunque el exlíder del Cártel de Sinaloa afronta una cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019, la filtración de la UIF coincide con investigaciones abiertas en contra de políticos mexicanos por sus nexos con el grupo criminal o por cuentas en Andorra.
Apenas el 10 de marzo pasado trascendió que el Gobierno de México investiga a Manlio Fabio Beltrones (2015-2016), expresidente del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su hija, la senadora Sylvana Beltrones, por ocultar 10,4 millones de dólares en Andorra.
Tras filtrarse esa información en el diario El País, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció que solicitó a las autoridades andorranas información sobre 23 personas “mencionadas en medios de comunicación”.
Además, el director de la UIF reveló el viernes pasado a la Cámara de Diputados que el gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habría comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones usó el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desde 2016 con el derechista y opositor Partido Acción Nacional (PAN), afronta un juicio político en la Cámara de Diputados por una denuncia por corrupción interpuesta por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el reporte de Milenio, la UIF detectó que las empresas fachada del Chapo con transacciones en Andorra se fundaron para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.