El Congreso de Chihuahua exhortó a los poderes legislativos del país a rechazar el Proyecto de Decreto, por el que se prohibiría impugnar reformas aprobadas por las cámaras del Senado y de Diputados, pues se deben “evitar procedimientos apresurados que transgreden el análisis y el debate”.
Francisco Sánchez Villegas, diputado de MC, fue el promotor del Punto de Acuerdo que aprobaron por mayoría, las y los congresistas chihuahuenses, y en su argumentación indicó que los senadores Adán Augusto López Hernández (Morena), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), así como por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, atentan gravemente contra el estado de derecho y la seguridad jurídica en México.
Al suprimir la posibilidad de impugnar las reformas constitucionales mediante el juicio de amparo, las acciones y controversias constitucionales se debilita el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones, explicó.
“¿En qué país no se puede impugnar a la autoridad? ¿En qué país no sé puede debatir la vigencia o permanencia de una ley? ¿Saben cómo se llaman esos países? Se llaman tiranías”, asentó.
El otrora coordinador de la bancada Naranja, fue más allá y reclamó que “Morena tiene en agonía a la República. La casta morenista se quita la máscara después de seis años en el poder. Pasaron de retropopulistas a instaurar una república de caudillos militarizada, eliminando a su paso la división de poderes”.
Remarcó que esta reforma atenta gravemente contra el estado de derecho y la seguridad jurídica en México.
Al suprimir la posibilidad de impugnar las reformas constitucionales mediante el juicio de amparo, las acciones y controversias constitucionales, se derrumba el sistema contrapesos en el que se cimenta la República.
Francisco Sánchez señaló que la eliminación de la impugnación de las normas federales representa un grave retroceso en materia de federalismo, toda vez que los estados y municipios quedarían sin herramientas para revertir las decisiones del centralismo que afecten la competencia de estos órdenes de gobierno.
“Hacemos por lo tanto un llamado de emergencia a los estados de la república, para que rechacen esta reforma antidemocrática. Los Estados Unidos de México deben de pronunciarse, los parlamentos locales deben de apelar a que no muera el federalismo”, sentenció.
Por último expuso que, la seguridad jurídica se ve comprometida al impedir que los ciudadanos cuenten con mecanismos efectivos para defenderse ante cambios en la Constitución que puedan ser contrarios al interés general o violar derechos humanos.
Al cerrar la puerta al control judicial sobre el proceso de reforma constitucional, el poder legislativo podría actuar sin límites claros, comprometiendo la estabilidad del orden jurídico y socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, alertó.
