El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sufrió un revés legal tras la negativa de un amparo que había solicitado para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra.
El pasado 18 de agosto, la juez Jovita Vargas Alarcón le había concedido a Aureoles una suspensión provisional, imponiéndole una garantía de 100 mil pesos. Sin embargo, el beneficio no aplicaba sobre todas las causas judiciales.
La defensa del exmandatario perredista había buscado esta medida judicial para protegerlo de posibles acciones de las autoridades, específicamente en relación con denuncias presentadas por el actual gobierno de Michoacán.
La administración de Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado públicamente presuntas irregularidades y desvíos de recursos durante el periodo de gobierno de Aureoles.
Con esta decisión, la vía legal que había buscado el exgobernador para evitar una posible detención se cierra, al menos de momento, dejando la puerta abierta para que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía de Michoacán puedan proceder con una orden de captura si así lo consideran pertinente.
El caso ha generado una gran expectación política y mediática, y se espera que tenga implicaciones significativas en el futuro del exgobernador.
