– La iniciativa fue enviada al Congreso del Estado, para su valoración; se basó en la historia de una rarámuri que fue condenada a pesar de recurrir a la defensa propia
La gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó la iniciativa para regular la figura del indulto en el estado, que enviará al Congreso local, detonada por el caso de Beatriz, indígena chihuahuense condenada por homicidio, a pesar de haber actuado en defensa propia.
De ahí que la propuesta legislativa elaborada por el Poder Ejecutivo, se denomine alternativamente como “Ley Beatriz”, para someterla a la consideración de las diputadas y los diputados, y posteriormente pueda cobrar vigencia.
Beatriz es una mujer indígena, originaria de Guachochi, que no habla español, a quien un día su primo en “estado inconveniente” le empieza a reclamar por su caballo, ella responde que no sabe donde esta, y él la empieza a amenazar, empujar y cortar con un cuchillo, pero ella logra defenderse y en su intento por salvar su vida lo mata con esa misma arma.
A pesar de haber actuado en defensa propia, la rarámuri fue procesada y declarada culpable, sin entender lo que ocurría, sin la adecuada la asesoría en su contexto, y sin la asesoría en su idioma.
Por eso -apuntó la gobernadora- hoy como sociedad “buscamos reparar ese daño, y evitar mucho dolor que puede ser evitado”, a través de la iniciativa que hoy se enviará al Congreso del Estado, para aplicar el indulto, desde un mecanismo nuevo.
“Dicho mecanismo contempla la creación de un Comité Técnico, integrado por titulares de distintas dependencias, con la inclusión de especialistas y autoridades en materia jurídica, que estarán encargados de revisar la viabilidad de las peticiones, y así tomar una decisión adecuada para cada situación”, detalló la mandataria estatal.
“Hoy queremos hacer un llamado institucional, ético, respetuoso, para que se abra la puerta al perdón donde pudo haber injusticia”, y sobre todo “a las mujeres que debieron haber sido escuchadas, antes de recibir su condena”, expresó.
Agregó que el llamado también va enfocado al Poder Legislativo de Chihuahua, para que “nos ayude a fortalecer el Estado de Derecho, a través de esta iniciativa”.
“La justicia desde su corazón debe ser procurada con equidad, con compasión y sobre todo con escucha. Es el momento de mirar juntos una segunda oportunidad y sobre todo impedir que nunca más, una mujer paga con su libertad lo que la sociedad le negó en protección”, recalcó la gobernadora.
Agradeció el trabajo de la Secretaría General del Estado, de las colectivas, del Movimiento Estatal de las Mujeres, y de la Fiscalía General del Estado, por el trabajo conjunto para elaborar esta iniciativa para la Ley Beatriz.
“Nos convoca un ideal de justicia que no se agota en la frialdad de la letra… para las personas más vulnerables…especialmente mujeres que han vivido lo indecible, ya que después de sobrevivir a la violencia, han sido nuevamente condenadas por un sistema que no supo entenderlas”, señaló.
Santiago De la Peña Grajeda, titular de la Secretaría General de Gobierno, en el marco de la firma de la iniciativa, agradeció a todas las y los participantes en la formulación del cuerpo legal, el acompañamiento de la especialista Sara Cárdenas, y el impulso que le dio la gobernadora Campos.
“Durante mucho tiempo la figura del indulto se había visto como una excepción o como un privilegio para algunos cuántos, sin embargo, actualmente no podemos permitir que este tipo de actos se empuje de el poder público como un acto discrecional”, asentó.
Explicó que esta “Ley Beatriz”, busca transparentar los criterios bajo los cuales pueda invocarse la figura del indulto, y coloca al ser humano en el centro de la acción de gobierno, desde una perspectiva legal, de justicia y profundamente humanista.
“Sé que esta iniciativa cumple con tu alta expectativa de servir a los chihuahuenses, pero sobre todo bajo la idea de que gobernar también implica reconciliar, sanar, y construir un futuro más justo para todas y para todos”, expresó el funcionario estatal.
De igual manera, mencionó que “esta propuesta no es una concesión, sino un acto de responsabilidad histórica, es un acto de profunda justicia social”.
