El Poder Legislativo de Chihuahua acordó por mayoría de votos, 18 a favor y 15 en contra, presentar una controversia constitucional en contra del decreto para la reforma judicial, publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior a la par de exhortar a la minoría parlamentaria de la oposición del Senado de la República, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a promover la solicitud de la misma medida cautelar.
Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) es el diputado iniciador de la propuesta, quien durante la exposición de motivos recalcó que “la nueva realidad constitucional, crea una crisis en la división de poderes, subordinando el Poder Judicial al Ejecutivo”.
“Promover un medio de impugnación desde este Congreso contra la reforma centralizadora, es más necesario que nunca, pues existe un escenario en el que el proyecto del Ministro González Alcantara no alcance la votación necesaria para la declaración de invalidez y es necesario que la Suprema Corte se pronuncie en concreto sobre la aplicación de esta reforma en Chihuahua y el ataque que recibimos a nuestra soberanía”, declaró.
Indicó que esta controversia constitucional, cuya intención fue respaldada por todas las fuerzas políticas de oposición, implica que el Congreso local, dará la batalla para invalidar la reforma judicial que pretende, desde el centro del país, obligar a Chihuahua a modificar sus mecanismos de impartición de justicia.
“Este es el momento de que sometamos a un Control Constitucional la mal llamada Reforma Judicial. No podemos quedarnos inmóviles en estos momentos en que toda la maquinaria estatal está encendida para deformar todo lo que conocemos como país”, detalló.
Por tanto -observó-, es necesario que la reforma judicial sea controlada por la propia Constitución, es decir que sea analizada bajo los mecanismos de impugnación existentes para que se determinen dos extremos, añadió.
“La forma en que se creó, es decir el proceso legislativo y el fondo, lo que implica determinar si la reforma transgrede la organización política de México”, declaró el coordinador de la bancada emecista.
Subrayó que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, estipula quienes pueden promover Controversia Constitucionales, en el caso la Federación y un Entidad Federativa al romper el pacto Federal, por lo tanto, existe la posibilidad que el ente jurisdiccional local, pueda promover una controversia, al invadir la competencia y Soberanía de un Estado.
En tribuna, el legislador recordó que el día 15 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
Sin embargo, dijo, tras la promulgación de la reforma al Poder Judicial, el presidente de México, incurrió en desacato al no sujetarse a la suspensión provisional concedida por un Tribunal Colegiado en el Estado de Colima, lo cual es inadmisible ya que, al vivir en un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho se deben de respetar las instituciones, y por ende las resoluciones emanadas de ellas.
“Así, ante el inconcuso actuar autoritario y el desprecio del presidente de la República hacia las resoluciones judiciales se debe hacer valer la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma a la Carta Magna”, declaró.
