La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró procedentes los desafueros de los legisladores, Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada y abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Toledo, imputado por enriquecimiento ilícito.
A solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro determinó que ha lugar a proceder penalmente en ambos casos.
Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor, el dictamen sobre Huerta establece que “ha lugar a proceder penalmente en su contra, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales”.
