El diputado Pedro Torres Estrada (Morena) presentó una iniciativa con carácter de Decreto, a fin de reformar el Código Penal del Estado, para que se aplique la legítima defensa con perspectiva de género, en casos de violencia contra las mujeres, conocida como “Ley Alina”.
Recalcó que “es obligación” de las diputadas y los diputados, extremar la protección de los derechos humanos, así como el “crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas más vulnerables”.
La propuesta del diputado Torres Estrada pide adicionar un tercer párrafo, al artículo 28, fracción cuarta, del Código Penal de Chihuahua, que diría:
“También se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión tuviere lugar en un contexto de violencia de género que abarque la violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida y sea esta sea repelida”.
Durante la exposición de motivos, el morenista refirió que la “Ley Alina” se derivó del caso de la bajacaliforniana Alina Mariel Narziso Tehuaxtle, quien fue víctima de intento de homicidio, de parte de su pareja sentimental.
Ella logró desarmarlo, y disparó en defensa propia, lo que causó la muerte del hombre, por lo que fue condenada a 45 años de prisión, sin embargo, se revocó la sentencia del Juez de primera instancia, y se declaró que Alina actuó en legítima defensa.
“Lamentablemente, no es el único caso en el país”, apuntó el diputado y retomó el de la chihuahuense María Guadalupe, de 19 años de edad, quien en el 2015 fue privada de su libertad, fue golpeada por su pareja, armado e intoxicado, y la amenazó con ultrajarla y asesinarla.
En el forcejeo un arma se disparó, y la pareja de María cayó herido, pero a ella se le acusó, y fue sentenciada por el delito de homicidio en riña, con carácter de provocado.
Otra más, es la frustrante experiencia de Itzel, de 15 años de edad, que en 2017 fue “interceptada”, violada a la vista de más personas, y después de esto, amenazada de muerte por el violador con un cuchillo que tenía en la mano.
Tras un intenso forcejeo con la víctima, que trataba de defenderse, esta le enterró el cuchillo al violador. Los policías que finalmente acudieron al lugar se llevaron al individuo, quien 2 días después falleció en un hospital.
Como resultado del deceso del agresor, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación contra Itzel, por homicidio.
Tales casos demuestran un aumento en la violencia contra las mujeres en el país, y que cada vez se detectan más casos de legítima defensa, en donde mujeres luchan físicamente por defender su vida y como consecuencia, el victimario muere, observó.
“Sin embargo, al no existir un tratamiento desde el inicio con perspectiva de género se catalogan como homicidios, y las mujeres terminan purgando una condena en prisión. Por lo tanto, es necesario que las investigaciones y las personas juzgadoras actúen con perspectiva de género”, recalcó el congresista iniciador.
Lo anterior, porque al no valorar las pruebas con un enfoque de género apropiado, se juzgará con sesgos que invisibilizan la violencia contra la mujer, y se contribuye a la impunidad.
“Algo sumamente problemático si se tiene en cuenta que la impunidad perpetúa estereotipos negativos sobre las mujeres que terminan, culpabilizándolas o victimizándolas de su propia agresión”, afirmó.
Mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos delineó la obligación de análisis de pruebas con perspectiva de género, al sostener que “los estados deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias de violencia contra la mujer”.
