Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se le acumulan los litigios vinculados con el crimen organizado y la corrupción, cuando en el calendario de su entidad aún le quedan 19 meses a su gobierno.
El más reciente de ellos es la petición de desafuero en su contra solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Pero también pesa sobre su administración la masacre en el poblado Santa Anita del municipio fronterizo de Camargo, donde el pasado 22 de enero fueron asesinadas 19 personas, 17 de ellas de nacionalidad guatemalteca, presuntamente por policías tamaulipecos que pertenecen al llamado Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), creado por el gobernador “para combatir al crimen organizado”.
Pendiente de desenlace también está su probable participación en la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que ha sido señalado de recibir sobornos millonarios para aprobar en 2013 la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La más reciente denuncia que involucra a García Cabeza de Vaca es sobre la existencia de una red de contrabando de combustible en la frontera norte de Tamaulipas.
El martes 23 de febrero, la FGR presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra García Cabeza de Vaca, misma que fue ratificada el viernes 26 de febrero.