La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saluda las acciones realizadas por el gobierno del estado de Chiapas y autoridades corresponsables para dar cumplimiento a la Recomendación 19/2021, emitida por este Organismo Nacional, en favor de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS) Número 4 Femenil de Tapachula.
Este 23 de abril, personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH constató durante una visita que las autoridades estatales determinaron el traslado de 57 mujeres privadas de la libertad en el CERSS a un centro habilitado de Zona Costa, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las Secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.
En el inmueble, que tiene capacidad para albergar a 280 personas, se adecuaron espacios y áreas para separar a mujeres sentenciadas, procesadas y jóvenes en conflicto con la ley, además de que cuenta con colchonetas en buen estado, instalaciones eléctricas adecuadas, agua potable, saneamiento, sanitarios, ventilación, lavaderos y tendederos.
Asimismo, la Comisión verificó que el lugar cuenta con áreas verdes, de usos múltiples, talleres, zonas de convivencia -para visita familiar e íntima-, así como para el cumplimiento de sanciones; comedores tiendas, cuarto de armas y para el monitoreo de cámaras de seguridad. También destaca la instalación de oficinas equipadas para brindar servicios de psicología, educativos, de atención médica, odontológica, criminología, laboral y de trabajo social, así como espacios para prácticas deportivas.
Las autoridades estatales implementaron una campaña de salud y atención ginecológica, y subrayaron que no existe ningún caso positivo a COVID-19, además de que una mujer mayor de edad cuenta con el cuadro de vacunación completo contra dicho padecimiento.
Este Organismo Nacional considera que las acciones realizadas hasta el momento son una muestra de la importancia de visibilizar y garantizar los derechos humanos de habitabilidad digna, calidad de vida en reclusión, salud e integridad psicofísica de las mujeres privadas de la libertad, no solo en ese estado sino en todo el territorio nacional, mismos que deben ser observados por las autoridades penitenciarias conforme a un enfoque diferencial, especializado y con perspectiva de género, para contribuir a erradicar la desigualdad y discriminación por razones de género.
Por último, la CNDH refrenda su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y de las personas menores de edad que viven con ellas, por lo que seguirá dando seguimiento puntual a las acciones emprendidas para dar total cumplimiento a la Recomendación emitida y continuará llevando a cabo supervisiones penitenciarias en todo el país, emitiendo los pronunciamientos, medidas cautelares y cualquier otra acción que permita mejorar las condiciones y calidad de vida de las mujeres en reclusión.
¡Defendemos al Pueblo!