Asegura César Duarte que los cuerpos de agua en su rancho son legales

Por medio de un comunicado difundido por su defensa legal, el exgobernador César Duarte Jáquez, aseguró que los cuerpos de agua destruidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, no constituyen ninguna ilegalidad ni falta administrativa.

El documento, firmado por su abogado Enrique Eduardo Muñoz, sostiene que las obras hidráulicas tienen origen en una concesión otorgada en 1942 por la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento Federal, la cual permitía el aprovechamiento anual de 700 mil metros cúbicos del río Las Agujas con fines agrícolas, en favor de Cresenciano Duarte Tarín, antecesor del exmandatario.

“Estas obras hidráulicas no afectan el flujo natural del río ni representan riesgo alguno para la región; por el contrario, benefician a las comunidades indígenas cercanas”, señala el posicionamiento. Entre los beneficios mencionados están el suministro de agua para el ganado, el apoyo en la contención de incendios forestales y la preservación de flora y fauna.

Según la defensa, los embalses fueron destruidos con maquinaria pesada por Conagua el pasado 27 de mayo, pese a que ya habían sido evaluados mediante peritajes oficiales, los cuales concluyeron que no se interrumpía ni se desviaba el cauce del afluente.

Duarte también calificó la intervención como una acción desproporcionada con tintes políticos, asegurando que el caso ya era conocido por la Fiscalía General del Estado desde 2017, cuando todos sus bienes, incluido el rancho El Saucito, fueron asegurados por la administración de Javier Corral Jurado.

“Desde entonces, el predio, su infraestructura, ganado y equipo están bajo resguardo de las autoridades estatales, quienes son responsables de su estado actual”, acusa la defensa, rechazando las versiones que apuntan a maltrato animal y deslindando a Duarte de cualquier responsabilidad en el cuidado del rancho.

El comunicado también aclara que ni Duarte ni su familia interpusieron recursos legales recientes, y que fue un grupo de habitantes de la zona quien promovió un amparo para frenar la destrucción del embalse. Este recurso habría sido confirmado por un Tribunal Colegiado, según indica la defensa.

Finalmente, el equipo legal reiteró que continuará recurriendo a las vías jurídicas para denunciar lo que consideran abusos del gobierno anterior, y para, en sus palabras, “desmentir la narrativa falaz construida para encubrir su fracaso administrativo”.