Diputados aprueban en lo general Ley contra el lavado de dinero

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la reforma a la Ley contra el lavado de dinero y al Código Penal Federal, que endurece las medidas contra el manejo de recursos financieros ilícitos, así como operaciones de compra de inmuebles, joyas y depósitos en tarjetas de crédito y débito.

Con la reforma, también se permite la intervención de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra ese delito.

“Se cierra el paso al dinero sucio”, expresó en tribuna Karina del Río Zenteno (Morena).

En ese sentido, la diputada Maricarmen Bernal (PT) también manifestó: “Ni un paso para más para la impunidad; ni un peso más para el crimen organizado”.

Sin pasar por comisiones y al considerar que la minuta enviada la semana anterior por la Cámara de Senadores era de urgente y obvia resolución, la mayoría de Morena y sus aliados dio entrada al documento y comenzó el debate.

En lo general, la minuta se votó después de 22 minutos en que se mantuvo abierto el sistema de votación, que registró fallas y se apagó tres veces debido a una falla –según explicó la mesa directiva- en el servicio de Internet.

De esta manera, se aprobó con 297 votos de Morena y sus aliados; 37 en contra del PRI. Para no votar en contra, PAN y MC se abstuvieron.

Desde la tribuna, PAN, PRI y MC resaltaron que la reforma implica el riesgo de persecución política contra los opositores y cuestionaron que la Guardia Nacional ahora tenga funciones financieras.

Asimismo, señalaron que la nueva definición de personas políticamente expuestas podría someter a vigilancia a funcionarios de todos los niveles, incluso a dirigentes de los partidos políticos.

Con las modificaciones a la ley y al Código Penal se define como “persona políticamente expuesta, a aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría (de Hacienda) establezca en reglas o disposiciones de carácter general”.

Esto es, expresaron diputados de MC, la vigilancia se puede extender a socios, familiares y allegados y la información que se obtenga por parte de las dos secretarías y de la Guardia nacional “se puede utilizar con discrecionalidad”.

El PRI envió a hablar en contra de la reforma a Christian Castro, sobrino del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue acusado en 2022 por la fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

Castro –ex candidato al gobierno de esa entidad- sostuvo que la modificación “es para perseguir enemigos y proteger a los amigos”.

En contraste, Julio César Moreno Rivera (Morena), señaló que se busca impedir casos como el financiamiento a la campaña “del cínico de (Vicente) Fox” o bien cerrare el paso a las transferencias de fondos desde el erario como ocurrió con el Pemexgate, que sustentó el gasto de la promoción de Francisco Labastida; e incluso se repitan operaciones como la de Odebrecht y “el uso de empresas fantasma que financiaron a Enrique Peña” y ya en su sexenio la transferencia de fondos de universidades a firmas inexistentes.

La Jornada