El gobierno de Estados Unidos activó solicitudes de extradición contra presuntos implicados en una red de narcotráfico en Sinaloa, entre ellos el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, y colocó el caso en manos del gobierno mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió los expedientes el 28 de abril a las 18:00 horas y los envió de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de un primer diagnóstico que advierte ausencia de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
Fuentes de la Cancillería confirmaron que los requerimientos se relacionan con acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra actores políticos y de seguridad en esa entidad.
Desde el primer análisis, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó postura. Tras revisar la documentación conforme al Tratado de Extradición bilateral y la Ley de Extradición Internacional, concluyó que los expedientes “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” incluidas en las solicitudes. Esa valoración no frena el trámite, pero marca el punto de partida de la evaluación legal.
