Expiden Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

La Cámara de Diputados aprobó hoy en lo general el dictamen por el cual se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante la cual se establece el uso de herramientas tecnológicas en la asignación de contratos públicos, con la intención de garantizar mayor transparencia en estos procesos.

La iniciativa –que también implica modificar diversas disposiciones de las leyes Federal de Austeridad Republicana, General de Sociedades Cooperativas y de la Economía Social y Solidaria— fue avalada por 350 votos a favor, de Morena y sus aliados, a los cuales se sumó MC, y 100 en contra de PAN y PRI.

En un debate en el que se repitió la mayoría de los argumentos vertidos el martes, durante la aprobación de los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los partidos de la mayoría aseguraron que la reforma busca darle más transparencia a las contrataciones públicas, mientras la oposición alertó nuevamente que se exenta de la norma a las Fuerzas Armadas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

“Ley de cochupos de Morena”: PRI

Al exponer sus argumentos en contra de la iniciativa, Arturo Yáñez (PRI) alertó que, aunque ésta dice impulsar la eficiencia y la austeridad en los procesos de contratación pública, en realidad significa una “centralización desmedida del poder” en manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), la cual podrá decidir a qué proveedores se le compra y en qué condiciones.
Por lo anterior, el legislador afirmó con sarcasmo que la norma debería llamarse “de cochupos o de cuates de Morena”, pues implica una “carta abierta a la discrecionalidad, a incentivar la corrupción y la secrecía en las adjudicaciones”, pues se favorecerá a “amigos, cuates, compadres y familias” de personas cercanas al gobierno federal.

De igual forma, Yáñez lamentó la desaparición de la plataforma Compranet, para crear una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas controlada sólo por el gobierno, y la reducción de la participación de los llamados “testigos sociales” en los contratos mayores a los 565 millones de pesos.

Por su parte, el médico y diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba subió a la tribuna ataviado con bata blanca, además de cubre bocas y gorro, para recordar que durante la pandemia de Covid, “el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo mal uso de las compras consolidadas de insumos sanitarios”, lo que se tradujo –según el diputado— en 480 mil muertes que pudieron haberse evitado.

En el mismo sentido, resaltó que el año pasado el gobierno del país definió apenas 32 por ciento de las compras consolidadas por licitación, y 68 por ciento por adjudicación directa. “Con esta iniciativa quieren institucionalizar la licencia para robar”, señaló.

Fin a negocios del PRIAN: Morena

Para defender la iniciativa, Jacobo Mendoza (Morena) destacó que con la expedición de la nueva Ley de Adquisiciones se pone en marcha la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, lo que significa un “hito de innovación y transparencia”, al automatizar todo el proceso de asignación de contratos.

De igual manera, consideró que herramientas como la “oferta subsecuente de descuento” y los “diálogos estratégicos previos” facilitará la competencia entre los proveedores, además de que se apoyará la participación de pequeñas y medianas empresas y sociedades cooperativas.
Por otro lado, celebró que la SABG tendrá la capacidad de implementar mecanismos de vigilancia y sanción más robustos en casos de probables irregularidades, además de medidas de apremio e intervención de oficio en caso de ser necesario.

Margarita García (PT) aseguró que la aprobación de la nueva ley acabará con los “grandes negocios del PRIAN” en la asignación de contratos públicos, como el firmado en 2010 por el ex presidente Felipe Calderón mediante el cual se le encomendó a seis empresas privadas la construcción de ocho cárceles, por más de 3 mil 400 millones de pesos. Dichos contratos, dijo, están siendo investigados por la FGR por presuntas irregularidades.

De su lado, Celia Fonseca (PVEM) respondió a las críticas de la oposición sobre la desaparición de Compranet al afirmaron que se sustituirá a esa “antigua y obsoleta” plataforma, por un sistema “moderno, accesible y transparente” que le permitirá a cualquier persona saber qué empresas obtuvieron contratos, por qué montos y en qué condiciones.

Tras la aprobación del dictamen en lo general, el debate en lo particular continúa, con la exposición de alrededor de 100 reservas, en voz de 33 oradores.

La Jornada