Luego del intenso debate que se dio entre el Pleno Legislativo sobre la inclusión del concepto de violencia vicaria, en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que por segunda vez regresó a comisiones el proyecto de dictamen, la titular de la Fiscalía de la Mujer, Wendy Chávez compartió que la instancia jamás ha sido consultada.
Esto enciende más alarmas entorno a la discusión de un tema que incomprensiblemente ha causado polémica entre la opinión pública, las fracciones parlamentarias, y los grupos sociales que integran a presuntas víctimas de este delito.
De acuerdo a la ley general que la aborda, la violencia vicaria es aquella agresión física en contra de hijas e hijos, que ejerce uno de los progenitores para lastimar emocionalmente o incluso hasta chantajear a la pareja, y no lo es la manipulación sentimental o la alineación parental.
Lo anterior es importante pues mientras que el segundo aspecto es casi igualmente utilizado por madres y padres, la incidencia del primero se ha registrado de manera muy superior de parte de los hombres, según advierten las personas especialistas en defensoría familiar.
En medio de todo esto, es la FEM la instancia penal encomendada a atender a quienes son víctimas de casos de violencia vicaria, es decir, quienes enfrentan las posibles trabas legales por la falta de tipificación y quienes ven en carne y hueso los resultados de la misma.
Sin embargo, destaca que la propia fiscal de la Mujer, Wendy Chávez, dejó en claro que en ningún momento del proceso que se supone llevaron a cabo las comisiones encargadas de la presentación y estudio de la iniciativa, consultaron a la abogada.
A pregunta expresa de si el Poder Legislativo tuvo acercamiento para participar en la integración del dictamen, como experta en el tema, la funcionaria respondió con un rotundo “no”.
“Lo que podemos opinar es que cuando algo se determina en una ley, hace mucho más factible que no haya interpretaciones por parte de autoridades, o sea, cuando viene ya muy especificado, rompe la parte en donde operadores como ministerios públicos, como jueces, juezas, magistrados, etcétera, den una interpretación o un concepto, porque ya viene en la norma”, expuso.
Empero, resaltó que existen herramientas legales que permiten visibilizar la manifestación del referido delito, además de procesos en donde aunque no se pueda imputar una violencia vicaria, literalmente, sí se hace con una del tipo familiar.
“Es parecido a lo que sucedía en los casos de los feminicidios. No teníamos una tipificación específica, pero sí una sanción diferenciada, como en los casos de las muertes de las mujeres del año 2002 o 2004, había una más elevada”, explicó.
Aunque aclaró que todas aquellas personas que pudieran estar en una situación de violencia vicaria, la FEM sí puede brindarles la atención para presentar la denuncia y todo lo que conlleva la solicitud de impartición de justicia, al iniciar los procesos correspondientes.
En ese contexto, llamó al Congreso del Estado a llevar a cabo la tipificación del concepto, para garantizar un marco legal preciso acorde a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia: “lo que no se visualiza, no existe”, advirtió.
