Protestan en Palacio por violencia en GyC; “No hay desplazamiento forzado”, precisa FGE

Si bien la violencia pública en Guadalupe y Calvo es un hecho, ninguna persona ha sido amenazada directamente para dejar el lugar, afirmó el fiscal general César Jaúregui Moreno.

De manera paralela, un grupo de manifestantes que dijeron ser parte de un grupo representativo de las comunidades Cinco Llagas, Pie de la Cuesta, en el referido municipio se manifestaron con cartulinas y reclamos verbales, en la entrada al Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua.

Identificados como Consultoría Técnica Comunitaria A.C (Contec) demandaron la atención del Estado, pues afirman que hay alrededor de 150 habitantes que tuvieron que huir, principalmente hacia Sinaloa, en donde señalan tener familiares.

El grupo integrado por Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Diana Villalobos Díaz, Isabel González, Flor Laura Gómez, y Sarahí Aguirre Granillo, de Contec, así como Isela González Díaz, de la Alianza Sierra Madre, fue atendido por el secretario general, Santiago De la Peña, y Daniel Prieto, de la FGE, en el salón Pacheco.

La problemática fue abordada de manera previa, por el fiscal general, quien al filo del medio día ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que la violencia que enfrenta la comunidad, deriva de un conflicto añejo entre dos grupos del crimen organizado, que se disputan el control territorial de esa zona, y por ello la población de Cinco Llagas demandó el resguardo de sus personas y propiedades.

“Acudimos inmediatamente. En estos momentos se encuentra ya la directora de la Comisión de Víctimas de la Fiscalía, Norma Ledezma, con un grupo de ministerios públicos, con un grupo de agentes de la policía de investigación, hay gente de Sedena, hay gente de la Guardia Nacional y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, resguardando la zona y proporcionando a los habitantes ayuda humanitaria”, detalló.

Observó que la mayor problemática expresada por la ciudadanía de ese poblado fue el suministro de alimentos, pero recalcó que “en estos momentos, no tenemos ningún desplazado de esa zona, a otros municipios del estado”.

“Estamos atendiendo a través de ayuda humanitaria, de ayuda médica, porque también llevaron medicamentos que hacían falta en la comunidad”, recalcó.

Además de las referidas instituciones públicas, a la comunidad arribaron agentes de la Policía Ministerial, quienes inclusive dieron fe de un homicidio que se perpetró días, luego de que se reportara la salida de un hombre que ya no regresó y del que desafortunadamente localizaron el cuerpo en las inmediaciones del poblado.

“Hay alguna gente inquieta, el menor número que sí teme por su seguridad, por cuestiones diversas que no viene el caso tocar en estos momentos aquí, eso se va a evaluar y vamos a ver si son trasladadas o no, es gente que incluso dice que tiene familiares en otras partes, y que lo único que quiere es ese resguardo, es una minoría, pero vamos a tener presencia importante”, indicó.

El acuerdo para este operativo especial de resguardo, derivó de la Mesa de Seguridad desarrollada este lunes pasado, y permitió una serie de acuerdos entre las autoridades federales y estatales, a fin de auxiliar a la comunidad, agregó el fiscal Jaúregui.

Por Heidi Rodríguez Reynoso.